Barcala pasa de pedir 4 años de cárcel a Castedo y Alperi a alegrarse de su absolución en el caso PGOU de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha emitido este martes un comunicado en el que celebra la decisión del Supremo de absolver a sus predecesores Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en el caso que investigaba el presunto amaño del PGOU de la ciudad. Una "alegría personal" que Barcala manifiesta ahora, una vez concluido el procedimiento judicial, pese a que cuando llegó a la Alcaldía mantuvo la acusación particular que pedía cuatro años y nueve meses de prisión a sus excompañeros de partido. El Ayuntamiento estuvo personado en el proceso hasta que terminó el juicio en la Audiencia de Alicante aunque, al igual que hizo la acusación popular que se ejerció en nombre de EU, desistió de recurrir en casación.

El Supremo ha confirmado en líneas generales la sentencia que dictó la Audiencia en la que se descartaban presuntos amaños en la tramitación del planeamiento urbanístico de la ciudad, pero se dictaban dos condenas por cohecho. El Supremo mantiene la pena a 18.000 euros de multa por cohecho al empresario Enrique Ortiz por haber regalado una chaqueta de Carolina Herrera a Castedo en las Navidades de 2008 cuando era alcaldesa. Y en cuanto a Alperi, anula por prescripción la condena a pagar 6.000 euros también por cohecho impropio por un viaje a Creta en jet privado en agosto del mismo año. 

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En el escrito valorando el fallo del Supremo, el alcalde cree que la resolución de esta rama del Caso Brugal "establece con claridad y de modo definitivo que nunca hubo amaños en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad". Además, subraya que "se han declarado inocentes a las personas que han soportado durante 16 años acusaciones sin fundamento por presunta corrupción urbanística".

Una espera que, a juicio de Barcala, "solo ha servido para que algunos alimentaran un discurso de odio" basado en "denuncias injustificadas de corrupción" que ahora quedan reducidas a "un discurso con intencionalidad política".

Respuesta de Castedo

Pese a la alegría de Barcala, la exalcaldesa Sonia Castedo no olvida que, el que fuera su concejal de Sanidad, mantuvo las acusaciones contra ella impulsadas por la izquierda.

"Si Barcala habla de acusaciones sin fundamento, se referirá también a la del Ayuntamiento de Alicante, con él como alcalde", apunta Castedo en declaraciones a INFORMACIÓN, quien también recuerda que el dirigente popular "la mantuvo hasta el juicio y nos pedía cuatro años de cárcel".

Ya en 2021, cuando el Ayuntamiento renunció a recurrir la sentencia inicial del caso Brugal, Castedo arremetió contra Barcala por la petición de prisión mantenida por el gobierno local: "Puedo entender que en la etapa de Echávarri y Pavón hubiera esa acusación desde el Ayuntamiento, porque eran intereses políticos, pero... ¿También con Barcala como alcalde? No todo vale por mantenerse en un puesto", sentenció la exalcaldesa. Tanto Esquerra Unida como el PSOE estuvieron personados como acusación en la causa del PGOU y durante los años del tripartito, también el Ayuntamiento. Aunque los socialistas se acabaron retirando del proceso, la corporación se mantuvo y una vez que llegó el PP a la Alcaldía se permaneció en la causa. Una vez que se dictó sentencia por la Audiencia y cuando se pusieron en marcha los recursos ante el Supremo, el Ayuntamiento y EU se apartaron.

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Por su parte, el otro exdirigente popular implicado en la investigación, Luis Díaz Alperi, celebró este lunes su absolución, restando importancia a que el motivo de la misma fuese la prescripción del delito, lo que no es más que "una herramienta jurídica" que lo que ha demostrado es que la "estrategia" de sus abogados era "la correcta". En lo que sí incide Alperi es en el tiempo que ha transcurrido hasta resolverse por completo el caso PGOU, con la sentencia del Supremo publicada este lunes: "Es muy tarde, pero ya sabemos cómo son las cosas en España".

En cuanto a su imagen pública, el exalcalde asegura que "ha quedado dañada para siempre", puesto que "la noticia de la absolución la leerán cuatro personas", mientras que, en los más de diez años que ha durado el procedimiento, "la gente se ha quedado con otra historia". Al respecto del resultado material de la sentencia, Alperi se muestra "satisfecho" con la conclusión del Supremo: "Al menos me he ahorrado 6.000 euros", ironiza.

A la hora de declarar prescrito el cohecho por el que se acusaba a Alperi, el Supremo valora que el viaje a Creta en jet privado se produjo en agosto de 2008, sin embargo, Alperi no fue imputado hasta el año 2012, fecha en la que "había transcurrido con creces" el plazo de tres años para que los hechos estuvieran prescritos. Aunque el juzgado de Alicante que investigó la causa del Plan General recibió la causa en el verano de 2010, el aforamiento de Díaz Alperi por su condición de diputado autonómico impedía que se le pudiera imputar. Hubo que completar la investigación al resto de los implicados en la causa, hasta que el juez envió al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada sobre los indicios de delito que veía contra los dos exregidores. Sonia Castedo también fue diputada autonómica tras las elecciones de 2011. La Audiencia ya consideró prescrito para Castedo el regalo de la cazadora, por la que sí condenó a Ortiz. El aforamiento de los exregidores dilató el inicio de la causa.

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