El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, calificó ayer de «positivo» que las autonomías puedan solicitar la declaración del estado de alarma, y dijo no entender las críticas a una medida que, a su juicio, profundiza y refuerza el autogobierno y la cogobernanza.
«Si es necesario para garantizar la salud pública de valencianos y valencianas, tomaremos todas las medidas necesarias, y entre ellas está el estado de alarma para establecer confinamientos selectivos o para limitar la movilidad», indicó el presidente.
En una rueda de prensa tras reunirse con los consellers de Educación, Vicent Marzà, y de Sanidad, Ana Barceló, Puig afirmó que de esta manera se da cobertura jurídica a la posible limitación de algunos derechos, y dijo que no descarta solicitar esta medida en la Comunidad si fuera necesario.
Puig aseguró que en estos momentos la situación de la covid en la Comunidad Valenciana, aunque no es satisfactoria, «está controlada», por lo que no se dan las circunstancias para solicitar esta posibilidad. De hecho, destacó que los 96 casos por 100.000 habitantes en la Comunidad quedan lejos de los más de 160 por 100.000 a nivel estatal, casi el doble.
Sin embargo, valoró que desde el Gobierno se refuerce, con esta medida, la idea de cogobenanza y la capacidad de codecisión frente a la pandemia, pues, según el presidente, la situación de la covid no es igual en cada autonomía, por lo que la respuesta no puede ser unitaria.
Por este motivo, dijo no entender las críticas «a esa capacidad de autogobierno», y consideró que «algunas personas no evalúan aquello que es su propia responsabilidad». De hecho, el presidente ya anunció el viernes pasado que el Consell estaba trabajando en la mejor fórmula legal para poder decretar un confinamiento parcial en caso de que fuera necesario.
Tanto a nivel nacional como autonómico el PP y Cs criticaron la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las comunidades autónomas pudieran declarar el estado de alarma en parte o en la totalidad de su territorio.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig acusó a Sánchez, de «dejación de funciones» y pidió «una normativa clara» para que las comunidades autónomas puedan adoptar «con criterios de igualdad» confinamientos parciales «cuando la situación epidemiológica lo determine». «Hay que dar elementos jurídicos claros porque si no cada uno hace lo que puede». Según señaló la también portavoz del PP en Les Corts, «debería haberse aprobado el estado de alarma para reformar la legislación y dar instrumentos legales y jurídicos seguros a las comunidades para adoptar, si no un confinamiento total, sí parcial y puntual».
Puig defendió que el nivel de incidencia de la enfermedad en la Comunidad Valenciana está muy por debajo de la media de España, por lo que aunque la situación es complicada y no se tienen todas las certezas que les gustaría, hay un control de la situación.
Sobre la oferta de rastreadores del Ejército lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que todavía no se ha evaluado la cuestión y que la Comunidad va «por el camino correcto», pero que si desde Salud Pública se considera que son necesarios más rastreadores, «por supuesto» que se pedirán.
Al respecto, la consellera de Sanidad afirmó que no van a renunciar a ningún recurso, y que conforme evolucione la pandemia se harán análisis de necesidades.
Por otra parte, preguntado por la implantación de la aplicación móvil Radar COVID, Puig indicó que acordarán con el Ministerio la instalación de alguna prueba piloto, pero siempre desde «el máximo rigor» y «la máxima prudencia», para no generar más confusión o estrés en el espacio sanitario.
MIR
Por su parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, abordó otro tema polémico ayer tras la reunión con Puig y Marzà. La responsable de Sanidad abogó por el «diálogo» con los Médicos Internos residentes (MIR), que llevan ya 36 días de huelga indefinida por sus condiciones laborales.
Barceló dijo entender algunas de sus reivindicaciones, en concreto se refirió a su salario base, y aseguró que ha solicitado una mesa técnica a nivel nacional para abordar el sueldo de los MIR, dado que está regulado por el Ministerio de Sanidad y no entra dentro de las competencias autonómicas.
En su opinión, este punto «habría que abordarlo para que todos los MIR de toda España tuvieran unos salarios adecuados al trabajo que vienen realizando».
La consellera explicó que la segunda semana de agosto su departamento remitió una propuesta al Comité de Huelga, que ya les ha dado su respuesta. No obstante, Barceló defendió que la mesa autonómica tiene que continuar porque es el marco de referencia en este caso, dado que no existen comités de empresa, y será allí donde su departamento conteste.
Esta misma semana, los médicos internos residentes de la Comunidad Valenciana dejaban sus batas y mensajes reivindicativos frente al Palau de la Generalitat para denunciar la «nula voluntad negociadora» del Consell.
Entre las reivindicaciones de los MIR está el descanso obligatorio de 36 horas tras las guardias de sábado, como marca la normativa europea, y libranza de un día adicional tras las guardias de domingo y festivos; la cotización de las horas de guardia médicas y tener un máximo de cinco guardias obligatorias al mes, sin sobrepasar voluntariamente las siete guardias al mes.
Igualmente, los MIR piden la equiparación salarial con las demás comunidades autónomas, lo que implica un incremento del Complemento de Residencia.
También reclaman que se garantice siempre la supervisión de los residentes, por lo que reclaman una ratio máxima de cuatro residentes por adjunto con un máximo de un residente de primer año y ampliar los días dedicados a formación a 20 días anuales, con la única autorización necesaria del tutor responsable, entre otras reivindicaciones.
