El Ministerio para la Transición Ecológica ha arrancado enero contra la cuerdas por su decisión de cerrar el trasvase Tajo-Segura para la agricultura, ya que un final de 2019 lluvioso y con deshielos en la cabecera del río ha provocado que los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenen en estos momentos 580 hm³, lo que complica la postura inflexible del Gobierno de no dar agua para riego ya este mismo mes de enero, cuando tiene un colchón de 180 hm3 de caudal trasvasable.
Si la situación se mantiene, la reserva alcanzará, además, los 597 hm³ el 1 de febrero, lo que obligaría por ley a enviar 38 hm³, el caudal máximo permitido por las normas de explotación del acueducto. Es decir, solo faltan 17 hm3 para alcanzar la cifra. Agricultores y empresarios esperan ahora un gesto del Ejecutivo antes de iniciar las movilizaciones anunciadas a primeros de diciembre cuando se dejó sin agua a la agricultura, a pesar de que la mininistra, todavía en funciones, Teresa Ribera, tenía un informe favorable de sus técnicos. La sustitución del agua del trasvase por la desalada ha provocado, además, un sobrecoste de 100 millones de euros, que se suma al cómputo de pérdidas porque no se pueden aumentar los precios.
En cuanto a la factura energética, los datos también juegan en contra del Ministerio para la Transición Ecológica. El trasvase Tajo-Segura consume 1 kWh/ m³ de energía eléctrica, mientras que las desaladoras del entorno del trasvase (Valdelentisco, Águilas, Torrevieja, San Pedro I y II y Alicante) consumen una media de 4kWh/m3, es decir cuatro veces más en términos energéticos (energía procedente mayoritariamente de no renovables). Esto redunda en un mayor coste del agua. De los 11 céntimos/m3 del trasvase a 60 céntimos el agua desalada, sin contar la amortización.
Los efectos económicos en el sector agropecuario de la decisión de no enviar agua en noviembre y diciembre se traducen en un sobrecoste superior a los 100 millones de euros, con el agravante de que se da en un entorno de sequía y con los efectos negativos de la gota fría del pasado septiembre, según alerta Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua.
Recurso
Por otro lado, la Abogacía de la Generalitat ya ha presentado en la Audiencia Nacional el recurso por la Vía de lo Contencioso Administrativo contra el cierre del trasvase del pasado diciembre, cuando la ministra Teresa Ribera firmó la orden del envío de agua solo para suministro urbano desoyendo un dictamen favorable de la comisión de explotación del trasvase para que a Alicante y Murcia llegaran 19,4 hm³ para riego y suministro urbano. Fuentes de Presidencia certificaron ayer que el escrito está en Madrid desde el 30 de diciembre, aunque falta por enviar el texto con los fundamentos del recurso. Recordar, en este sentido, que ya existe un precedente judicial en la batalla legal por el agua del Tajo. Fue en diciembre de 2018, y entonces el presidente Ximo Puig incidió en el recurso en que el recorte del trasvase afectaba directamente a la «necesaria planificación» que realizan los agricultores trimestralmente. Los regantes planifican sus cultivos en función del agua que van a tener, rezó el texto que no diferirá mucho del que ultiman los letrados del Consell.
La normativa que regula el Tajo-Segura es un sistema planificado, mes a mes, tanto en los volúmenes a trasvasar como en la distribución por zonas de cultivo. La decisión de no trasvasar en diciembre agua para riego quiebra la planificación trimestral que establece la norma para cuando la situación en cabecera está en nivel 3 y entra en contradicción con lo aprobado otros meses del año. Si se hubieran utilizado todos los informes y estudios que tiene el Ministerio, para decidir el trasvase de diciembre estaríamos incluso en nivel 2 y entonces, según la ley del trasvase, se hubieran tenido que trasvasar 38 hm3 de manera automática.
Júcar-Vinalopó
Por otro lado, el senador de Compromís, Carles Mulet, anunció ayer que ha registrado varias iniciativas parlamentarias «para reclamar justicia hídrica. Desde Compromís coincidimos en la necesidad que se excluya a los regantes del pago de los costes de amortización de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó. Villena ha sido solidaria con el resto de las comarcas alicantinas, compartiendo su agua con zonas como El Campello, Petrer, Novelda o Alicante, a cambio de nada».
Mulet recordó que «algunas de estas zonas, además, cuentan con desaladoras infrautilizadas -caso de la de Mutxamel-, pero siguen aprovechándose del agua del Vinalopó sin que se revise la situación, extrayendo volúmenes públicos que deberían estar en el mercado concesional». El Gobierno reclama 70 millones de euros para desbloquear la llegada del agua.
Orihuela coordinará los municipios en la Mesa del Agua
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha acordado con Emilio Bascuñana, que el alcalde de Orihuela coordine las estrategias de los alcaldes en la Mesa Provincial del Agua, el órgano que en breve se reunirá para aprobar su ampliación e integrar a nuevos miembros, entre ellos representantes del gobierno de la Región de Murcia, así como del sector productivo, agrícola, ganadero, turístico, industrial y comercial de la provincia.
