La inspectora encargada del contrato de limpieza de centros escolares y dependencias municipales que ha sido apartada de sus funciones por denunciar numerosas irregularidades e incumplimientos de este servicio ha interpuesto un contencioso administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra el Ayuntamiento de Alicante. El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha calificado la denuncia de "gravísima" y ha afirmado que se confirma la "caza de brujas" llevada a cabo por el equipo de gobierno del popular Luis Barcala contra esta funcionaria de la brigada de Limpieza que ya denunció el grupo municipal socialista con anterioridad.
La trabajadora fue apartada por decreto a mediados de diciembre tras denunciar un déficit en la prestación del contrato de limpieza de colegios confirmado por fuentes de los trabajadores, que coinciden en la falta de empleados, maquinaria y material.
Esa funcionaria fue trasladada de concejalía. El 16 de diciembre dejó el cargo de inspectora del servicio de limpieza de colegios y pasó a formar parte del área de Fiestas y Ocupación de Vía Pública. El gobierno municipal alegó «motivos organizativos», aunque el PSOE denunció una purga. «Mostramos nuestra más enérgica protesta por la decisión del equipo de gobierno de apartar a la inspectora del contrato de limpieza de centros escolares tras haber denunciado numerosas irregularidades. El que denuncia es castigado», dijo entonces el portavoz del PSOE.
Las denuncias de incumplimiento del contrato que realizó la inspectora se unen a las reiteradas quejas de los directores de los colegios, que hicieron llegar al Ayuntamiento su disconformidad con la prestación del servicio.
Recurso judicial
En el recurso interpuesto por la trabajadora se denuncia que existe una situación de acoso laboral persistente contra ella y en el cuerpo del escrito hace referencia a hechos tan graves como que la concesionaria afirma que no va a cumplir el contrato ni a facilitar a la denunciante la documentación para fiscalizar el contrato, que se prohíbe a los trabajadores hablar con la denunciante bajo amenaza de despido y que desde el Servicio Municipal de Infraestructuras se le da instrucciones para relajar su fiscalización y flexibilizar la inspección.
Según el recurso al que ha tenido acceso Europa Press, para la inspectora el traslado "constituye el vergonzoso colofón del acoso laboral" que atribuye a las denuncias realizas a lo largo de dos años ante los "graves incumplimientos" del contrato de Limpieza de Centros Escolares y Dependencias Municipales, que fue adjudicado en febrero de 2018 a la UTE Limpal -FISSA y CLECE SA-, por 15 millones de euros anuales. Según el recurso de la funcionaria, hasta febrero de 2019, supuestamente la adjudicataria habría dejado de realizar 65.000 horas de trabajo.
En el recurso se denuncia la vulneración de los artículos 23.2 y 15 de la Constitución en el Decreto comunicado el 16 de diciembre, que se refiere al derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos y al derecho a la integridad moral de la funcionaria.
El decreto dicta tanto el cese del puesto de trabajo que desde 2007, y de manera "provisional", venía desempeñando la funcionaria -Ayudante de Servicios y Mantenimiento (Brigada de Limpieza), con funciones ejecutivas de inspección-, así como su nueva adscripción laboral, privándola "de su derecho a optar al puesto de trabajo en condiciones de igualdad, lo que limita gravemente su carrera administrativa", se apunta en el escrito.
Una situación laboral que la funcionaria trató de regular en 2018 con la interposición de un recurso en el juzgado contencioso-administrativo número 3 de Alicante.
El decreto establece además que no es tanto que el servicio pueda prescindir genéricamente de personal, sino que de quien se puede prescindir es de ella, lo que para la denunciante "un mayor ejercicio confesado de desigualdad en la permanencia en las funciones públicas resulta difícil de imaginar".
Por este motivo, en el recurso se argumenta que el decreto supone un ataque "frontal a la dignidad y la integridad moral" de la inspectora, a quien, "se le priva del puesto de trabajo de forma arbitraria, con desviación de poder, y como represalia y colofón del acoso laboral al que viene siendo sometida", y que afirma que es "consentido por sus superiores y en connivencia con sus compañeros de la inspección del Servicio de Limpieza de Centros Escolares y Dependencias Municipales", que desde octubre de 2018, "vienen acosando, insultando y aislándola" por "desoír las sugerencias de relajar la fiscalización de la UTE concesionaria y exigirle el cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)".
Asimismo, argumenta que, partir de mayo de 2018, la relación entre la inspectora y la concesionaria "se encona", después de que denunciara "deficiencias estructurales y puntuales como falta de medios materiales y humanos, organización del servicio y que no se facilitaran programaciones, ni planillas del personal", lo que "le reporta las iras de los responsables de la adjudicataria", que califican públicamente su acción de "exigente e histérica", y a la que piden que el consistorio la aparte del servicio.
INSULTOS
Asimismo, la funcionaria denuncia que en octubre de 2018 recibió insultos como "imbécil, estás enferma", "tonta del culo" y "loca", después de que los medios locales se hicieran eco de la denuncia de un vecino ante Fiscalía por la supuesta connivencia del Ayuntamiento con la adjudicataria.
A partir de ahí, supuestamente, la funcionaria dejó de recibir información de la concesionaria, "lo que le impide contestar a los colegios en qué momento se tendrán en cuenta sus peticiones"
Finalmente, en marzo de 2019, la inspectora solicitó las medidas necesarias, al amparo del protocolo de actuación municipal en materia de acoso laboral, y el pasado 7 de octubre el concejal de Infraestructuras y RRHH valoró su traslado aludiendo "motivos de salud". Dos meses después, la funcionaria recibió mediante decreto su nueva adscripción.
Ademas, la funcionaria relata que compañeros de la denunciante la insultan y ella lo atribuye a que tienen familiares directos trabajando en la UTE adjudicataria del servicio. También acusa a la segunda responsable del contrato de aconsejarle de que "reme en la misma dirección" que el resto de sus compañeros y que al no seguir la directriz la han ninguneado.
Llanos Cano
La edil socialista Llanos Cano ha manifestado que ya en un escrito de marzo del 2019 por parte de la Concejalía se hacía constar que se recomendaba el relevo de la inspectora para "conseguir un mejor servicio para los usuarios del mismo, un mas eficaz control a la empresa contratista" (sic) "Lo que desconocíamos hasta la fecha es que según la denuncia el concejal José Ramón González le dice el 7 de octubre de 2019 que está valorando su traslado para que 'no coja una depresión'".
La concejala del PSOE ha afirmado que "lo que estamos sacando a la luz pública es un verdadero escándalo y exige la convocatoria urgente de la comisión de investigación y la comparecencia urgente del concejal responsable. La verdad de todo este asunto es que se han querido quitar de en medio a la inspectora que denuncia irregularidades alegando en marzo una presunta mejora de la relación con el RC, en octubre que no caiga enferma y en diciembre que hay una vacante que se ha de sustituir por ella. No se puede permitir represalias de este tipo por parte del equipo de gobierno por denunciar las supuestas irregularidades del contratista ".
Llanos Cano ha explicado que solicitó copia íntegra del expediente de investigación, copia de las acta de los inspectores, relación del personal adscrito a la limpieza de los centros, copia de control de presencia del personal diario, copia del control de limpieza de calidad, copia de las certificaciones de cada uno de los servicios y denuncias y reclamaciones interpuestas a los trabajadores, entre otros documentos, y que pese a ello, "las respuestas fueron vagas y la información parcial".
"Esto nos llevó a presentar una moción en el pleno del 26 de septiembre, para constitución de una comisión de investigación, que fue aprobada por unanimidad", ha indicado la edil, que urge que se active.
Pese a que el 15 de octubre se firmó el decreto de constitución de la Comisión de Investigación, ha seguido, "de nuevo solicité que se convocase para el mes de noviembre y estamos a enero y ni se ha convocado ni parece que se vaya a convocar".
Por último, la edil socialista ha denunciado la existencia de "peticiones expresas y por escrito" por parte de los responsables de la Concejalía, para relevar a la funcionaria del servicio de Inspección, así como la existencia de presuntos incumplimientos por parte de la adjudicataria como "la falta de maquinaria y las horas establecidas de servicio".
"Los hechos denunciados en este contencioso administrativo son muy graves y parece obvio que la incapacidad del señor Barcala la pagan los funcionarios. En lugar de buscar soluciones y ocuparse de los problemas han 'cortado la cabeza' de quienes han osado levantar la mano para denunciar que se incumple el contrato de limpieza de colegios, presionando hasta límites inaceptables a esta inspectora", ha indicado Sanguino.
Equipo de gobierno
Fuentes de Alcaldía han señalado que respetan el derecho de los trabajadores a recurrir ante el juzgado en defensa de sus intereses pero insisten en que han actuado en defensa de los intereses del Ayuntamiento, "y no coincidimos ni en el fondo ni en la forma".
Las mismas fuentes consideran que el PSOE no es el más indicado para "dar lecciones de nada", ya que tenen un juicio pendiente este mes por actuar contra una trabajadora de forma arbitraria, en referencia al despido de la cuñada del actual alcalde, el popular Luis Barcala, por su antecesor, el alcalde socialista Gabriel Echávarri.
