Uno de los episodios negros de la historia de Alicante abre un nuevo capítulo esta semana tras 20 años de lucha. Los vecinos de Agua Amarga cuyas viviendas fueron expropiadas por la Ciudad de la Luz a partir del año 2000 comienzan a ver el final del túnel. Este miércoles, según asegura Ricard Sala, abogado de varios afectados, la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deliberará y decidirá sobre la ejecución de sentencia de la expropiación de la Ciudad de la Luz. Tres millones de metros cuadrados de los que solo se construyó un millón.
En concreto, la sala del TSJ tiene que pronunciarse sobre la devolución de terrenos o la indemnización sustitutoria que proceda, con arreglo a la sentencia de 2011 del Tribunal Supremo, que declaró que toda la expropiación de los terrenos era nula de pleno derecho por falta de causas expropiantes.
El principal problema de esta resolución para los vecinos radica en la calificación de algunas parcelas: antes urbanizables y ahora recalificadas como «zona verde». En el año 2016 el Tribunal Supremo instó de nuevo a la Generalitat a la devolución de los terrenos. Eso sí, teniendo en cuenta que la expropiación se realizó en 1999, es decir, cuando el terreno era urbanizable. «Antes había aceras, tendido eléctrico y agua. Mi terreno se recalificó como protegido. Ahora sólo podría plantar pinos, no me lo pueden devolver así», explica José Manuel, uno de los afectados que tuvo que vender todo su patrimonio para poder trasladar a otro lugar su empresa de carpintería, en la que trabajaban hasta ocho personas.
El mareo de Generalitat
Ricard Sala es el abogado de algunos de los 30 afectados que aún luchan por un acuerdo justo: «Las incongruencias de la Generalitat son llamativas, plantean devolver todos los terrenos, pero implantan allí mismo la Conselleria de Innovación y una serie de empresas en lo que llaman Distrito Digital». Por otro lado se encuentra la cuestión de las indemnizaciones: «Una vez que la expropiación se declaró ilegal, todo el proceso también y por tanto las tasaciones, que los vecinos ya denunciaron como injustas en su momento», apuntó Ricard.
El magistrado responsable del caso asignó a los afectados un perito judicial que desde hace casi dos años recabó información sobre las características de las viviendas , parcelas y negocios para facilitar una nueva tasación que «dista mucho del dinero que nos dieron en su día», explicó José Manuel, empresario damnificado.
«Queremos que nos indemnicen según la peritación que realizaron los profesionales designados por el juez. Hasta ahora nos hemos atenido al justiprecio, pero aquello no fue satisfactorio y así lo reflejamos», añadió el expropiado, a quien le alcanzó la jubilación en mitad de toda la batalla legal. Con esta nueva información aportada por los afectados y sus abogados, el TSJ valenciano tendrá que dar una respuesta este miércoles.
Una cita que espera impaciente Juan Antonio Box, uno de los vecinos más perjudicados. Box tuvo que abandonar su restaurante familiar inaugurado en 1953: «Yo vivía en la parte de arriba del restaurante y de ahí me fui a vivir a una habitación a casa de mis suegros. Tuve que llevarme donde pude el mobiliario del local, que se echó a perder. Acabamos en la calle sin trabajo, mi mujer, los cinco empleados a mi cargo y yo. La tasación fue irrisoria».
Aunque han pasado dos décadas la frustración no los abandona: «Nunca han hecho nada por nosotros, simplemente alargar la situación. Somos unas hormiguitas que están chafando. Estamos perdiendo dinero y salud», explicó Box, quien hizo hincapié en la inversión económica realizada durante estos años en abogados y peritos.
Lo mismo le ocurrió a Pablo Lázaro, un vecino que poseía un negocio de grúas y una casa en primera línea de la carretera de Aguamarga: «Si mis terrenos hubieran servido de verdad a la sociedad y hubiesen tenido una utilidad... pero no construyeron nada». Los afectados coinciden en la impotencia de todo lo perdido: «Algunos vivían de alquiler y a cambio les dieron una casa propia, pero en muchos otros casos tiraron por tierra el sacrificio de muchos años para levantar una empresa y un hogar con nuestras propias manos», sentenció Lázaro.
Cronología
Año 1998
Los periódicos anuncian la expropiación del barrio de Agua Amarga.
Año 2000
Se inician las primeras demoliciones y los vecinos afectados comienzan a recibir las indemnizaciones.
Año 2011
El Tribunal Supremo declara la expropiación nula de pleno derecho por falta de causa expropiante.
Año 2016
El Tribunal Supremo insta a Generalitat a la devolución de los terrenos.
