El PP ha puesto a trabajar a todo ritmo su maquinaria electoral de cara a la decisiva cita con las urnas del próximo 10 de noviembre. También lo ha hecho desde el Ayuntamiento de Alicante. En el objetivo de llevar hasta la Moncloa a Pablo Casado y al amparo de la mejora de las encuestas electorales, los populares alicantinos, aprovechando su posición hegemónica en el Consistorio de la capital, han cambiado el paso, algo que no ha pasado desapercibido. Y es que el PP de Luis Barcala (quien no se perdió hace una semana, en calidad de invitado, la foto conjunta de las candidaturas provinciales del PP al Congreso y al Senado, en ese intento declarado de los populares de aprovechar el poder municipal) ya no está a la expectativa, limitándose a gestionar las políticas municipales, con sus problemas y sus lucimientos.
En apenas dos días, el PP ha dirigido tres dardos distintos a la izquierda: uno directo al PSOE, otro a Compromís y un último, ayer, al Gobierno del Botànic. El dardo colectivo se «institucionalizó», de hecho, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante, en una comparecencia conjunta del concejal de Vivienda, José Ramón González, y la diputada autonómica Elisa Díaz, ambos del PP, en la que se habló de las «deudas» del Consell con la ciudad, como la finalización de Vía Parque, los prometidos centros de salud o la rehabilitación pendiente en barrios como Miguel Hernández y Virgen del Carmen, además de la inacabable ampliación del Centro 14.
La «excusa» de los populares para atacar políticamente al Consell, al menos en un primer momento, fue una reciente reunión con responsables de la Conselleria de Vivienda. Pese a que el encuentro oficial se produjo la pasada semana, por lo que todavía no ha habido tiempo material de incumplimientos sobre lo tratado, el concejal ya puso en duda lo que sucederá: «Fueron reuniones con buenas palabras, pero necesitamos hechos. Seguro que cuando iban por Gandia, ya dirían que no les molestaríamos en seis meses». Una elucubración, sin base por la premura de tiempo, que le sirvió al PP para poner en su foco al Consell de Puig, Oltra y Martínez Dalmau en plena precampaña.
Unos reproches que no se quedarán sólo en palabras al aire, sino que también tendrán su hueco en el próximo pleno municipal, previsto a sólo diez días de la cita del 10-N. En esa sesión se debatirá una declaración institucional para requerir al Consell la inclusión en los Presupuestos autonómicos del próximo año de 6,6 millones de euros para actuaciones en Miguel Hernández y Virgen del Carmen.
Al pleno de la próxima semana también irá otro asunto de plena actualidad, que no pierde de vista las próximas elecciones generales. En este caso, también de la mano de Cs -el otro grupo del gobierno local-, el ejecutivo de derechas elevará a la sesión otra declaración institucional con el fin de «respaldar» la sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés». Un asunto que, así de primeras, no guarda una relación muy directa con la actualidad municipal.
Pero los dardos del PP contra la izquierda se empezaron a evidenciar este lunes, cuando el ejecutivo respondió, en una actitud poco habitual en el actual mandato de Barcala, a dos comunicados de exsocios del tripartito. En primer lugar, las críticas fueron contra el PSOE, que previamente había calificado de «electoralista» el compromiso de subir el pago a los funcionarios del Ayuntamiento por los días festivos trabajados. Una batalla entre Recursos Humanos e Intervención que sirvió de escenario para un cruce de acusaciones entre el PP y el PSOE. El mismo día, apenas unas horas después, las palabras de censura fueron hacia Compromís, que había reclamado al PP que retomase el Plan de Inclusión. «Mala fe» y «desfachatez» han sido algunos de los «recados» del PP a la izquierda en el pistoletazo de inicio de la precampaña en el Ayuntamiento.
