En su página web la ONG Plaes Asistencial de Alicante -Plataforma Empresarial Solidaria- resalta que «la transparencia forma parte de la esencia y legitimidad de las organizaciones» pero en la práctica parece que algunos miembros de la organización aplicaban otros principios. La Policía Nacional ha detenido en Torrevieja al director de esta ONG de Alicante como presunto responsable de un fraude de más de 300.000 euros con la venta ilegal de lotes de comida gratuita a personas desfavorecidas. La investigación, iniciada tras una denuncia de la Subdelegación del Gobierno, ha revelado la venta ilegal de casi una tonelada de alimentos y además del presidente de la ONG, un peruano de 49 años que ha ingresado en prisión, en Alicante ha sido detenida una mujer y otras dos personas vinculadas a Plaes han declarado en calidad de investigadas, una de ellas la tesorera de la ONG, según informaron ayer fuentes policiales.
Según figura en la página web de la ONG, al año reparten unas cincuenta toneladas de comida. Plaes cuenta con dos sedes en Alicante -en La Florida y en San Blas- y una en Elche, Torrevieja y Mutxamel.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante inició las pesquisas tras una denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno después de detectar irregularidades en el programa de ayuda alimentaria a personas desfavorecidas. La unidad de control del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del Ministerio de Agricultura, es la que autoriza a las organizaciones para el reparto directo de alimentos a personas necesitadas y realiza inspecciones para evitar el fraude. Así detectó irregularidades en Plaes en el reparto de alimentos y tras formular denuncia la Policía realizó sus indagaciones para verificar si ponía la comida a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, bien mediante la elaboración de comidas preparadas que consumían en las instalaciones de la ONG o con la entrega de los lotes que procedían del Banco de Alimentos.
Las cinco sedes de Plaes en la provincia recibieron alimentos el pasado dentro del programa de ayuda y todas ellas fueron inspeccionadas por la unidad dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca. Dichas inspecciones revelaron que en algunas sedes el número de beneficiarios del programa se había duplicado y faltaban gran cantidad de existencias en los almacenes.
Lotes repartidos
Asimismo, detectaron incoherencias en las notas de entrega de los lotes de comida repartidos, ya que era superior al número de productos recibidos. La inspección también destapó anomalías en los locales de la ONG, al no reunir las condiciones higiénicas necesarias para llevar a cabo esta actividad.
La Policía verificó estas anomalías denunciadas por la Subdelegación y descubrieron que se desconocía el paradero de casi una tonelada de comida correspondiente al programa de ayuda de 2018.
Los agentes comprobaron asimismo que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, presumiendo por tanto que los listados podían haber sido falseados para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les corresponde.
Los investigadores llegaron a la conclusión de que la ONG presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida por cinco euros a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba. En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos. El precio de venta era inferior al de mercado.
Según la Policía, varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. De acuerdo a los testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores de la misma no cobraban por los servicios prestados y en ocasiones les pagaban con comida del Banco de Alimentos.
La Policía identificó a los implicados y en una primera fase detuvieron en Alicante a una mujer peruana de 30 años por delitos de estafa continuada y falsedad documental. Además, tomaron declaración como investigadas no detenidas a dos personas más, una de ellas la tesorera de Plaes, según la web de la ONG.
El presunto cabecilla es el director de Plaes y además tenía una orden judicial de detención por un delito de violencia de género. Se ocultaba en Torrevieja y tras su arresto el pasado viernes por la estafa y falsedad documental se acordó su ingreso en prisión.
