El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento siguió con la tramitación de las 2.350 viviendas del plan urbanístico Pino y Ruaya pese a la oposición de la Generalitat, que cuestionó desde el principio, a través de la Conselleria de Vertebración del Territorio, el acuerdo plenario de octubre de 2018 en el que, a propuesta de la Concejalía de Urbanismo que dirige Mari Carmen de España, se establecían las condiciones urbanísticas en estas fincas. El 15 de marzo el Consell recurrió el acuerdo del pleno.
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, dio a conocer ayer una propuesta de convenio urbanístico con fecha de febrero de 2019 entre los propietarios del suelo y el Ayuntamiento por el que éste se comprometía a modificar el vigente Plan General «para recuperar la delimitación y el índice de edificabilidad bruta del sector que definió el PGOU investigado en el caso Brugal por su presunto amaño en favor de los intereses de Enrique Ortiz, que tiene terrenos en el sector», señala.
Las 47 hectáreas de superficie del desarrollo Pino y Ruaya con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación de 50 viviendas por hectárea, no forman parte del planeamiento vigente en la actualidad. Esta propuesta de convenio, firmada por la edil De España y con el visto bueno de un técnico municipal, estaba preparada para ser aprobada por la Junta de Gobierno, pero finalmente nunca se llevó, en opinión de Pavón, por el coste electoral que habría tenido para Barcala.
La Generalitat anunció que impugnaría el acuerdo de pleno de octubre de 2018 sobre el desarrollo Pino y Ruaya al considerar que la decisión municipal iba más allá de la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 1992 sobre la calificación del suelo. El acuerdo fue aprobado con el voto a favor de PP, PSPV-PSOE y Cs, la abstención de Compromís y los dos ediles tránsfugas, y el rechazo de Guanyar.
Recurso
La edil de Urbanismo salió al paso de las acusaciones de Pavón y dijo que el único que está utilizando electoralmente este asunto es el edil de Guanyar, «que por cierto nunca presentó recurso alguno tal y como anunció en el pleno».
«Hay un recurso judicial de la Generalitat del 15 de marzo y el Ayuntamiento, en un ejercicio de responsabilidad, no decidirá nada en tanto y cuando no se resuelva», afirmó la edil de Urbanismo. Según De España, este trámite es una modificación puntual del Plan General que no aprueba el equipo de gobierno «sino que deberá pasar por pleno y en última instancia deberá aprobarlo la Generalitat y no el gobierno municipal».
No fue lo que hizo inicialmente el PP, que mantuvo el pulso al Consell negándose a cambiar el acuerdo cuando lo propuso Guanyar en el pleno del 31 de enero con los votos a favor de Cs y la abstención del PSOE. De España asegura que ha sido el propio PP el que ha suspendido el acuerdo plenario por responsabilidad hasta que todo este asunto se resuelva.
