Un juzgado ha archivado la denuncia presentada por Ciudadanos por el presunto caso de espionaje en los correos electrónicos de los concejales del Ayuntamiento de Alicante, según han confirmado a este diario fuente cercanas al caso. El magistrado considera que la mera existencia de una contraseña maestra para las comunicaciones electrónicas no implica la existencia de un acceso irregular. La Fiscalía mandó la denuncia al juzgado solicitando una serie de medidas de investigación solicitando informes al Ayuntamiento sobre estas claves a fin de determinar las posibles responsabilidades penales. Sin embargo, el juez descarta estas diligencias al considerar que sería una investigación «prospectiva» e «innecesaria». En estos momentos, en el Ministerio Público están pendientes de decidir si recurren la decisión del juzgado ante la Audiencia Provincial para pedir la reapertura de las diligencias.
El grupo municipal de Ciudadanos había denunciado la brecha de seguridad creada por la existencia de una clave maestra que permitía el acceso a los correos electrónicos de concejales y de cargos de confianza del Ayuntamiento. Desde este partido se estimaba que podrían existir indicios de delitos de revelación de secretos. La clave se creó durante el año 2012 con motivo de la migración de las cuentas de correo al nuevo sistema informático municipal.
Por este motivo, desde la Fiscalía se había pedido al juzgado que reclamara al Ayuntamiento un informe en el que se aclarara quién creó la clave maestra, así como quién la conocía y si solo afectaba a los concejales o también a los técnicos municipales. Por último se solicitaba un informe sobre si había habido un acceso indebido a las cuentas de correo. La denuncia de la Fiscalía se remitió al juzgado a finales del pasado mes de marzo y no iba dirigida contra nadie. Del contenido de los informes se irían determinando las posibles responsabilidades penales, así como las siguientes líneas de investigación. Sin embargo, el magistrado considera innecesaria la práctica de las diligencias solicitadas por la Fiscalía.
Paralelamente, el equipo de gobierno había trasladado a la Fiscalía un informe jurídico del Ayuntamiento en el que se concluía de que eran precisamente personal de Ciudadanos quienes habían accedido indebidamente a los correos de los concejales. En el informe elaborado por el letrado jefe del Ayuntamiento de Alicante Manuel Cordón que instaba a denunciar los hechos en la Fiscalía, se enumeraba una serie de artículos de la Constitución Española y el Código Penal y se hacía referencia a las intromisiones informáticas que se producen cuando alguien accede a sistemas de información como correos electrónicos y redes sociales, y permanece en los mismos, sin consentimiento del titular. El citado informe jurídico comparaba este delito con el de allanamiento de morada. En este sentido, se citaba el artículo 18 de la Constitución sobre la intimidad como un derecho fundamental, y se recogía que el Código Penal, a través del delito de descubrimiento y revelación de secretos, trata de plasmar aquellas conductas que suponen graves atentados contra la intimidad.
El estudio jurídico iba acompañado de un informe elaborado por la Concejalía de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática, que confirmó, tras investigar 22 millones de líneas de datos y rastrear direcciones IP, que el 20 de febrero se produjeron nueve entradas a buzones que no eran propios de un total de 20 intentos desde los ordenadores de los asesores de Ciudadanos Miguel Ángel Sánchez y Antonio Zardoya.
