El Ayuntamiento de Alicante ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación de proyectos del Plan E en la ciudad, al considerar que ni la Administración sufrió perjuicio económico alguno y que todos los trabajos fueron ejecutados, certificados y acordes con la contratación realizada en legal forma, según el escrito presentado por la Corporación Municipal ante el juzgado que investigaba los hechos. La Fiscalía reclamó penas de cuatro años de cárcel para los acusados, el exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, el extécnico municipal José Lidón y dos empresarios. El juzgado decretó la semana pasada la apertura de juicio oral.
El Ayuntamiento de Alicante estaba personado como acusación particular y ha renunciado expresamente a presentar escrito de acusación al no ver indicios de prevaricación y de fraude a la Administración que se les imputan. Por eso pedía el sobreseimiento libre de las actuaciones antes de que la magistrada abriera juicio. La Corporación ha aportado un informe del Servicio de Infraestructuras en el que se descarta la existencia de perjuicio económico alguno para las arcas públicas.
El escrito del Ayuntamiento recuerde que los hechos se remontan al año 2009 en el marco de la ejecución de varios proyectos financiados a través del llamado Plan E que puso en marcha el Gobierno para tratar de estimular la economía. «Los proyectos fueron objeto del oportuno expediente de contratación, de realización, de control y de la oportuna certificación de la obra realizada con los consiguientes abonos y pagos legalmente acordados», dice el escrito. El letrado del Ayuntamiento subraya que ni existe perjuicio de ninguna índole, «ni concreción de un supuesto acuerdo o concierto entre los acusados con ánimo de defraudar el patrimonio de esta Corporación», por lo que, a su criterio, no existe delito de fraude a la Administración a lo largo de la «dilatídisima instrucción de la causa».
En cuanto a la prevaricación, el Ayuntamiento subraya que todos los trabajos se ejecutaron, se certificaron a través de actos administrativos que fueron firmes, descartando actuaciones que supongan una «desviación de poder», así como la existencia de perjuicios ni al interés público, ni a terceros.
El escrito se acompaña de informe del Ayuntamiento firmado por el jefe de Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento que concluye que no hubo perjuicio a las arcas públicas derivado de estas obras. Los trabajos bajo sospecha son la adecuación de la mediana de la avenida Villajoyosa; el acondicionamiento del parque de Canalejas; la renovación de la Plaza de Altozano; servicios de mantenimiento parcial de vías públicas; obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida del Pintor Perezgil; la renovación parcial del pavimento de la Explanada y de la plaza de la Montañeta; y la construcción de 140 contenedores soterrados.
El informe técnico asegura que «las obras se ejecutaron con normalidad, según las condiciones pactadas en contrato y, una vez finalizadas, se pusieron al uso público» señalando que todavía se encuentran «en aceptable estado de uso».
El informe señala que «no constan defectos en la ejecución, ni disconformidad con los precios de adjudicación de las mismas» y que se siguieron procedimientos diferentes para la valoración de las ofertas. Por último,hace constar que todos los expedientes fueron fiscalizados favorablemente por la Intervención General del Ayuntamiento y de la Supervisión de Proyectos.
