Un juzgado ha abierto juicio oral al exvicealcalde y exconcejal de Atención Urbana de Alicante Andrés Llorens, al funcionario José María Lidón y a dos empresarios por los presuntos amaños en las obras del Plan E, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La magistrada Patricia Romero les lleva al banquillo por los delitos de prevaricación y fraude en la Administración Pública. El fiscal reclama cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados, así como doce años de inhabilitación para el exconcejal y el técnico acusados. A fin de garantizar el pago de las indemnizaciones en el juicio en el caso de que hubiera una condena, la magistrada ha fijado una fianza conjunta y solidaria de algo más de dos millones de euros a pagar entre los cuatro acusados y las dos mercantiles a las que las acusaciones consideran responsables civiles, Becsa y CCMS.
Entre las dos mercantiles se adjudicaron trabajos cuyo presupuesto sumaba 7,3 millones de euros. El fiscal estima un perjuicio para el Ayuntamiento de Alicante de 1,6 millones de euros.
La magistrada Patricia Romero ha dado ahora un plazo de diez días a las defensas a que respondan a las acusaciones, por lo que el siguiente trámite será enviar la causa a la Audiencia Provincial para su enjuicimiento.
El fiscal considera que hubo connivencia entre el técnico y los dos empresarios para repartirse las contratas, que formaron parte del llamado Plan E y que consistió en un programa de inversiones del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ejecutado desde 2009 a través de los ayuntamientos para estimular la economía al inicio de la crisis.
Según el escrito de acusación, desde Becsa se confeccionó el pliego de condiciones de diversos proyectos que se iban a financiar con el Plan E. El técnico municipal acusado firmaba después esos proyectos como propios, «resultando Becsa la adjudicataria final y CCMS (...) la mercantil subcontrada». El fiscal sostiene que esta acción irregular se produjo «en el marco de un acuerdo con miembros del Ayuntamiento de Alicante», entre los que se encontrarían Llorens y el funcionario.
El fiscal Felipe Briones señala que Llorens era quien firmaba todas las licitaciones bajo sospecha y su concejalía era la que gestionaba todas las obras. En el escrito de acusación relata también los vínculos del hermano del concejal con la empresa que ejecutó uno de los proyectos más caros, la instalación de 140 contenedores soterrados en el casco antiguo, plazas y otras calles de Alicante y que sumaban poco más de tres millones de euros. El hermano de Llorens trabajó tanto para la mercantil que fabricó los contenedores, como para CCMS.
En su escrito de conclusiones, Briones asevera que el funcionario José Lidón era la persona que verdaderamente estaba detrás de la mercantil CCMS y que interpuso como administrador a Javier Álvarez al frente de la misma para poder así contratar con el Ayuntamiento de Alicante. Esta empresa comenzó sus operaciones el 7 de marzo de 2006 y, según el escrito de acusación, su principal fuente de ingresos fue el Ayuntamiento de Alicante, con quien obtuvo un importe total de negocio de 3,4 millones de euros entre los años 2006-2010, un importe muy superior que la que tenía con sus restantes clientes.
La Fiscalía sostiene que algunos de los trabajos investigados fueron adjudicados directamente a CCMS en procedimiento en los que Llorens era el concejal y Lidón el técnico. Estos trabajos fueron las obras de adecuación de la mediana de la avenida de Villajoyosa en la Albufereta por 246.269 euros; el acondicionamiento del parque de Canalejas por 359.728,57 euros; la renovación de la plaza de Altozano, por 369.732,63 euros; el servicio de mantenimiento parcial de vías públicas por 1,7 millones, trabajo que se adjudicó a una Unión Temporal de Empresas, formada por Enrique Ortiz e Hijos y CCMS; y finalmente las obras para la evacuación de aguas pluviales en la avenida del Pintor Pérez Gil, por 115.000 euros.
Otros trabajos subcontrados entre las mercantiles
El otro grupo de trabajos bajo sospecha en el marco de los proyectos del Plan E se adjudicaron a la mercantil Becsa que a su vez se subcontrataron a CCMS. Estos proyectos fueron la renovación parcial del pavimento de la Explanada, por 597.269,07 euros; la reforma de la plaza de la Montañeta, por 1.038.497, 41 euros; y la instalación de 140 contenedores soterrados en distintas calles de la ciudad y cuyo importe superó los tres millones de euros.
