Con los mismos argumentos que expuso en la Audiencia provincial pero llevados ahora ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La defensa de Miguel López, el yerno de María del Carmen Martínez acusado de su asesinato, ha reiterado ante el sala de lo Civil y lo Penal del máximo órgano judicial de la Comunidad su petición de que sea un tribunal profesional formado por tres magistrados y no un jurado popular (competente en caso de asesinato) el que le juzgue por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.
María del Carmen Martínez fue asesinada de dos disparos en la cabeza la tarde del 9 de diciembre de 2016 en un establecimiento de automoción que regentaba su yerno, único sospechoso de un crimen por el que se enfrenta a una petición de más de 24 años de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.
En su recurso al auto en el que la presidenta del tribunal popular, la magistrada Francisca Bru, rechazaba prácticamente todo lo que planteaba en su escrito de personación, el letrado Javier Sánchez-Vera insiste en la existencia de un juicio paralelo por la repercusión mediática del caso y en la necesidad de que, por ello, el proceso se transforme en un sumario ordinario «pues así encontrará el carácter profesional del juez que la jurisprudencia ha señalado como remedio al grave juicio paralelo producido», señala el letrado.
Una petición que para él «no es una suerte de recusación preventiva (como argumentó la magistrada para tumbar de plano esta pretensión) sino la advertencia de una vulneración de los citados derechos fundamentales que puede y debe ser evitada. Frente a ello no hay derecho fundamental a que las causas se juzguen por jurado», precisa.
«Resolver técnicamente»
Según el letrado, «la contaminación de los ciudadanos posibles jurados es la constatación de un hecho» cuyo único remedio sería «la profesionalidad de los jueces que resuelven técnicamente» por lo que, apostilla, «de continuarse con la sustanciación del presente proceso mediante el procedimiento del jurado se vulneraría irremediablemente el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, a la imparcialidad judicial y, en definitiva, a la presunción de inocencia» de López.
Sánchez-Vera sostiene también de nuevo que «ha sido vulnerado el secreto de sumario tanto externo como interno», lo que ha provocado que la ciudadanía tenga un profundo conocimiento del proceso. Por ello, ante el hecho más que probable de que el TSJ rechace la trasformación del procedimiento y mantenga que el crimen debe ser juzgado por un tribunal popular, la defensa de López plantea que «al menos el jurado fuese de otra provincia distinta de Alicante y en ninguna de la Comunidad Valenciana, a elegir a sorteo, así como por jurados de esa otra circunscripción de tal manera que al menos en parte se traten de soslayar los gravísimos riesgos» de esa contaminación. Para el letrado, «no existe absolutamente ningún motivo de peso jurídico para que el juicio tenga que ser celebrado en Alicante».
Intenta también el abogado del acusado introducir la hipótesis de que el crimen de María del Carmen Martínez bien pudo deberse a un intento de robo (una tesis que la magistrada Bru rechazó después de que ni los investigadores ni el instructor la contemplaran), con la pretensión, discutible, de que este cargo alejara el proceso de la competencia del jurado.
Al igual que ya hiciera en su escrito de personación en la Audiencia, Sánchez-Vera alude también a supuestas irregularidades en la entrada y registro al domicilio de Miguel López el día que fue detenido, a fallos en la cadena de custodia de los dispositivos móviles tanto de la víctima como del sospechoso y a una «grosera manipulación de las fotografas». Unas manifestaciones que la magistrada instó a que, de argumentarlas, lo hiciera con pruebas y no sembrando sospechas sobre la actuación de los agentes que investigaron los hechos.
