Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, elaborado para el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, calcula que el Estado tendría que pagar a los agricultores, ayuntamientos y a las empresas de Alicante y Murcia que reciben los caudales del río Tajo un total de 21.129 millones de euros si decidiera cerrar el trasvase abierto ahora hace 40 años.
La cantidad resultaría de la reclamación patrimonial de los afectados por conceptos como el lucro cesante derivado de los costes que ha supuesto a lo largo de estos 40 años de trasvase la transformación de tierras de secano, la modernización de regadíos y todas las infraestructuras realizadas para optimizar el agua que llega del Tajo a la provincia. En palabras del profesor Joaquín Melgarejo, autor del estudio, «estamos ahora en una situación parecida a algo así como si después de dejarnos comprar los coches, de la noche a la mañana nos cierran todas las gasolineras».
La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a fijar caudales ecológicos mínimos circulantes en el Tajo ha disparado las alarmas entre las entidades que dependen del agua del trasvase (cien mil empleos), hasta el punto de ver amenazado el futuro del acueducto, ya que por cada metro cúbico por segundo de aumento del caudal se perderán 30 hm³ al año en los embalses de Entrepeñas y Buendía.
En concreto, si como reclama Castilla-La Mancha se establece un caudal de 12 m3 por segundo en el río en Aranjuez (ahora está en seis), habría que restar 180 hm³ de agua al año en Entrepeñas y Buendía, sobre la línea roja de 400 hm³ a partir de la que se cierra el grifo. En la práctica, el cierre definitivo del trasvase, ya que muy pocas veces al año la reserva en los embalses está por encima de los 600 hm³ y, además, están las reglas de explotación que habría que redefinir.
Lo que parece claro es que, una vez más, Castilla-La Mancha vuelve a ganar por la mano al Consell y al gobierno de Murcia. Ejecutivos que no pudieron personarse en el recurso ante el Supremo contra el decreto del Gobierno central (PP) que avalaba el «memorándum» del Tajo. La defensa estuvo a cargo de la Abogacía del Estado que, a la vista de la sentencia, fracasó.
Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, mostró ayer su preocupación, pero subrayó que «Castilla-La Mancha ha interpretado la sentencia como le parece. Según nuestra opinión, la directiva marco del Agua habla de la calidad de las masas de agua, no de caudales ecológicos, por lo que el asunto tampoco tendría que ceñirse solo a los caudales. Habría que investigar, por ejemplo, cómo se depura en Castilla-La Mancha». Jiménez reiteró que es imposible «contar con agua desalada. No hay cantidad ni infraestructuras de transporte. Muchas comunidades de regantes desaparecerían sin el trasvase».
La cabecera del Tajo soporta, no obstante, el 85% de la demanda de agua y tan solo tiene el 45% de los recursos. Este río acusa, además, una fuerte diferencia hidrográfica y climática, ya que tiene una cabecera hidrográfica, en la cordillera Ibérica, y una cabecera pluviométrica en los macizos de Guadarrama y, sobre todo, de Gredos, con grandes desequilibrios de lluvias. En la cabecera llueve menos, incluso, que en el río Segura, con precipitaciones medias anuales que no suelen superar los 500 litros por metro cuadrado. En cambio, en la cabecera pluviométrica, que se encuentra en la sierra de Gredos, las precipitaciones se sitúan entre 2.000 y 2.500 litros por metro cuadrado al año. Algo denunciado desde hace años por el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante y que sigue sin resolverse. «Lo de la sentencia es muy duro. En su día nos vendieron que se elevaba la reserva en Entrepeñas y Buendía para no tocar los caudales ecológicos. Ahora 2x1, como en el súper».
Alicante se juega más de mil millones de euros al año (casi 167.000 millones de las antiguas pesetas) de la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y no se puede sustituir por la desalada, ocho veces más cara.
Tranquilidad
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, subrayó ayer que el trasvase Tajo-Segura «sigue vigente y está garantizado, por lo que reclamó a los regantes tranquilidad tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el plan hidrológico del Tajo que -a su juicio- no supone ruptura del statu quo actual», sino que abre «una nueva oportunidad» para legislar mejor. «Expresar con toda rotundidad que el Tajo-Segura sigue siendo una realidad y está vigente a todos los efectos», enfatizó Puig para incidir en que «en el corazón de la sentencia no hay un sentimiento antitrasvasista ni ninguna consecuencia directa». Puig explicó que han estudiado la sentencia para «actuar con rigor y sin hacer lecturas interesadas, parciales ni partidistas», y, tras este trabajo, la Generalitat aseguró que la sentencia «consolida la norma reguladora del sistema Tajo-Segura de 2014, que en absoluto queda invalidada».
Para Puig, la fijación de un caudal ecológico no tiene que suponer que se trasvase menos agua, ya que la propia sentencia «recoge flexibilidad dependiendo del momento, y habla de usos, no de territorios». Puig avanzó la creación de un grupo permanente de vigilancia «para evitar interpretaciones sesgadas de la sentencia».
