Regantes y Consell exigen mesura al futuro Gobierno para salvar el Tajo-Segura

Javier Berenguer apunta, en este sentido, que "la valoración que hacemos desde la Comunidad General de Riegos de Levante de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en relación al plan hidrológico del Tajo es desde la tranquilidad y el rigor. Hemos estudiado los términos de la sentencia con un doble enfoque. En primer lugar, por lo que respecta a la modificación de los caudales ecológicos, la sentencia sólo recoge que hay que establecer un régimen de caudales completo (caudales máximos, mínimos, tasa de cambio y caudales generados). Esto supone que el Gobierno, en este caso, previsiblemente el nuevo Gobierno ya, debe ser quien fije y establezca con el rigor técnico requerido este sistema. Esto no supone necesariamente que los caudales ecológicos suban. Puedes permanecer invariables si así se determina por las normas técnicas que regulan sus cálculos".

En segundo lugar, Berenguer subraya, que el recurso que ha dado lugar a esta sentencia, pretendía invalidar la legalidad de las reglas del Memorándum y del decreto, que son las que rigen en la actualidad el funcionamiento del Tajo-Segura, y esto ha sido rechazado por el Tribunal Supremo, por lo que en este aspecto, sale reforzado el trasvase. "Esperemos y vigilemos la fijación del régimen de caudales y a partir de entonces, actuaremos en defensa de nuestro derecho a recibir agua para nuestros cultivos al igual que el resto de los agricultores españoles".

Por su parte, elpresidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se reunirá con los agricultores y regantes de la provincia para estudiar las acciones a emprender "para defender el futuro de esta tierra" ante la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo.

Sánchez ha anunciado en un comunicado que defenderá "junto a los regantes y agricultores de la provincia la permanencia del trasvase Tajo-Segura" y que reclamará "un Pacto Nacional del Agua en el que se reconozca que los recursos hídricos de este país son de todos los españoles".

El dirigente provincial del PP ha reconocido sentirse "preocupado" por el fallo del Supremo y ha añadido: "La Diputación de Alicante va de la mano de los regantes y siempre vamos a estar a su lado". "La provincia de Alicante no puede existir sin los trasvases del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó por lo que vamos a defender su permanencia, porque de ellos depende el futuro de esta tierra", ha indicado.

Asimismo, ha reiterado que defiende, "sin complejos, los trasvases, para que llegue agua de donde sobra a donde hace falta, siempre de forma respetuosa con el medio ambiente y solidaria con las cuencas cedentes, porque es lo más sencillo, más barato y más eficiente".

"Voy a seguir reclamando agua para el sureste español, para nuestros regantes, nuestros campos y nuestros pueblos. Hoy, más que nunca, España necesita un Plan Nacional que garantice el agua en toda España, un Pacto de Estado del Agua en el que los recursos de este país sean de todos los españoles, donde nadie pierda y todos ganemos", ha indicado Sánchez, para quien este acuerdo "es posible".

Sánchez recuerda que "en la ley del Memorándum ya se determinó técnicamente los caudales ecológicos y las demandas de riego de la cuenca cedente" y por ello estudiarán "con detenimiento" la sentencia del Supremo.

Batalla política

En cuanto a la batalla política,l a diputada del PSPV-PSOE en el Congreso, Patricia Blanquer ha replicado a la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que, según los socialistas, "solo con los gobiernos del Partido Popular se cerró el grifo del trasvase Tajo-Segura", por lo que ha pedido que "no se cree ninguna guerra de agua" y se busque "un análisis riguroso de la situación y las posibles soluciones".

Así lo ha afirmado en respuesta a Bonig, que el domingo instó al PSOE a que el trasvase "esté por encima de la política" y al 'president', Ximo Puig, a que "apoye a los regantes alicantinos y defienda su tierra". "Solo cuando el PSOE gobierna en España se tiene que reabrir este tema", ha lamentado después de que el Tribunal Supremo haya anulado algunos artículos del Plan Hidrológico del Tajo.

Por contra, la socialista ha subrayado que "los intereses de la ciudadanía de la provincia de Alicante son una prioridad para los socialistas" y ha criticado que "la mala gestión del PP nos ha llevado a la situación actual, algo que ya advirtió el PSPV en su día".

"Estamos ante un escenario de inseguridad jurídica de la que es cómplice el PPCV y por la que debería pedir perdón", ha recalcado, y ha afirmado que "el Gobierno socialista trabajará conjuntamente con las comunidades autónomas para dar una solución medioambiental económica y social a esta sentencia".

En esa misma línea, la diputada del PSPV ha instado al PPCV a "recordar que durante el gobierno de (Mariano) Rajoy no se invirtió nada en depuración y reutilización de agua durante siete años y que fueron ellos los que cambiaron el límite a partir del cual no hay trasvase: Pasó de 240 a 400 hectómetros cúbicos con el gobierno del PP y la complicidad del Consell del PP en la Comunitat Valenciana".

Y ha insistido en que "Puig siempre ha trabajado para superar la confrontación que el PP agitó con el tema del agua" y que los socialistas no harán "partidismo con esta cuestión". "Nuestro escenario está al lado de los regantes para que tengan agua de calidad y de forma permanente", ha remachado.

Asaja llevará el tema a Bruselas

Asaja-Alicante señaló, por su parte, que ha recibido como un duro golpe la sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado parte del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera y anuncia que realizará las gestiones necesarias en la Unión Europea para que no surta efecto, ya que es un “duro golpe” contra el Trasvase Tajo-Segura y los intereses de los agricultores de Alicante, Murcia y Almería. Esta decisión judicial complicará el desvío de traspasos de agua al sureste peninsular de la que "dependen más de 300.000 empleos y cultivos como los cítricos, las hortalizas y también frutales de hueso y pepita".

La organización de los agricultores ha decidido adoptar las medidas necesarias y realizar todas las gestiones posibles en el seno de la Unión Europea para que la sentencia no surta efecto. Al ser un fallo del Tribunal Supremo, contra él solo cabe recurso ante el Tribunal Europeo. Así lo ha anunciado el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte, que ha destacado “la urgencia de impedir que se limite el trasvase Tajo- Segura, que es imprescindible para la supervivencia de cultivos como los cítricos, las hortalizas y frutales de hueso y pepita que hay en el sureste peninsular”.

El presidente también ha recordado el número de puestos de trabajo que dependen de esta infraestructura. En concreto, se estima que más de 300.000 empleos relacionados con la agricultura y el turismo en Alicante, Murcia y Almería. “Nosotros, los agricultores, pagamos por el agua y con él generamos empleo y alimentos, tratamos de mejorar la vida de las personas”, destaca Aniorte.

El presidente también ha recordado que el trasvase es una infraestructura “vital” de la que depende la economía agraria de la Vega Baja y el Campo de Elche. Estas dos zonas suponen más del 58% de la agricultura que se desarrolla en la provincia de Alicante en términos de renta agraria.

Teniendo en cuenta la importancia del trasvase Tajo-Segura, el presidente de la organización ha reflexionado acerca de que la decisión judicial “podría estar influencia por presiones políticas” y condiciona su cumplimiento y el mantenimiento de la infraestructura al resultado que se obtenga en las urnas en las elecciones generales del 28 de abril.