Después de casi una década de instrucción, el proceso abierto por los supuestos amaños en el PGOU está aún más lejos de su fin tras la pretensión de la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo de recusar al tribunal designado para enjuiciarla y sentenciar un asunto en el que también están acusados el exprimer edil Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, entre otros.
Se trata de la misma sala que en una de las piezas separadas del mayor proceso por corrupción que se ha investigado en la provincia (el denominado caso Brugal), del que precisamente se desgajó la que afecta al planeamiento urbano de la ciudad, acaba de validar el núcleo de las escuchas que son la principal prueba de cargo de las acusaciones. Algo que, sin obviar la autonomía de cada tribunal para pronunciarse sobre los pinchazos, dista mucho de ser una buena noticia ni para la defensa de Castedo ni para las del resto.
Tal y como publicó este diario, los abogados de la exregidora del PP presentaron la pasada semana un escrito en la Audiencia en el que solicitan que se aparte a las tres magistradas nombradas para formar la sala: Montserrat Navarro, a la que le ha correspondido ser la ponente de la resolución, Margarita Esquiva y Cristina Costa, quien cuando se registró la petición ya había manifestado su intención de abstenerse por haber participado, entre otros, en el auto que dejó fuera del procedimiento a Jesús Quesada, el arquitecto redactor del plan bajo sospecha que hasta ese momento figuraba como procesado.
Los letrados de Castedo apoyan su petición precisamente en eso, en la intervención de las magistradas en el asunto en mayor o menor grado con anterioridad al momento en que se les asignó la vista oral. Una circunstancia que entienden que les invalida para juzgarlo al considerar que estarían «contaminadas», condición que extienden a todos los magistrados de la Audiencia que hayan tenido alguna relación con cualquier de la veintena de piezas que emanaron de la considerada principal (la de la contrata de basuras de Orihuela), de la que salieron el resto.
Una cuestión, la de la contaminación, que ahora tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, a donde enviará sus conclusiones el instructor que el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, nombre para este caso.
La respuesta a la recusación planteada por la defensa de Castedo demorará no menos de dos meses la tramitación de un asunto cuyo enjuiciamiento antes de este nuevo traspiés no se esperaba para antes de finales del año que viene.
De vuelta a València
Se da la paradoja de que con la petición de Castedo la causa regresa de nuevo del TSJ, de donde salió en mayo de 2014 en dirección a Alicante cuando la entonces también diputada autonómica renunció a su escaño, lo que le hizo perder su condición de aforada y al máximo órgano judicial de la Comunidad, su competencia en el asunto cuando la instrucción estaba prácticamente finalizada.
De no haberse planteado la resusación de todo el tribunal, la abstención de la magistrada Costa hubiera correspondido resolverla a sus compañeras Navarro y Esquiva junto a un tercer miembro del tribunal que habría designado Cerón quien, a la vista del planteamiento de la exalcaldesa, prefiere abordar la abstención de Costa una vez se haya resuelto la recusación.
