A la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo no le gusta el tribunal designado por la Audiencia provincial para juzgar el proceso por las supuestas irregularidades en la tramitación del PGOU de la ciudad. Una causa en la que la exregidora popular se enfrenta a una petición de diez años de prisión por los delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Las acusaciones sostienen que la expolítica facilitó datos reservados del planeamiento urbano al empresario Enrique Ortiz, acusado junto al ella y al también exprimer edil Luis Díaz Alperi, entre otros, a cambio de prebendas.

Los abogados Castedo presentaron ayer un escrito ante la sección Tercera de la Audiencia en el que exponen que las tres magistradas nombradas para juzgar el asunto del PGOU se han pronunciado en mayor o menor medida sobre este asunto, lo que les invalidaría para enjuiciarlo.

Se trata del mismo tribunal que ha dictado la sentencia notificada este martes que valida el núcleo de las intervenciones telefónicas que son la base de las acusaciones del caso Brugal, el mayor proceso por corrupción instruido en la provincia del que se desgajaron una veintena de piezas separadas, una de ellas la del PGOU.

Las tres miembros del tribunal son Montserrat Navarro, a quien le ha correspondido ser la ponente, Margarita Esquiva y Cristina Costa. De la primera asegura la defensa de la alcaldesa que intervino en un auto que se dictó en mayo de 2015; de la segunda, que lo hizo en dos fechados en febrero de 2012 y octubre de 2016 y de Costa, que decidió en tres. Uno de ellos, el que ratificó el sobreseimiento de las actuaciones para el arquitecto Jesús Quesada, redactor del plan bajo sospecha, además de confirmar el procesamiento de varios investigados.

Los letrados reclaman a la Audiencia que acuerde tramitar la recusación de las magistradas, lo que supondría la designación de un nuevo tribunal, pero precisa que a la hora de «designar magistrados para el conocimiento de un asunto igualmente conexo» se tenga en cuenta que todos los procesos que surgieron del iniciado en el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela están calificados como «piezas separadas de un mismo conjunto de delitos conexos». Es decir, que no podría ser miembro de la sala del PGOU ningún magistrado que se haya pronunciado sobre cualquiera de las piezas separadas que surgieron de la principal, la de las presuntas irregularidades de la contrata de la basura de Orihuela, que también esta semana ha comenzado a juzgarse en Elche. Una circunstancia que complica la formación del tribunal de los presuntos amaños del planeamiento de Alicante dado que buena parte de los magistrados de la Audiencia han tenido que resolver en los últimos años recursos de algunas de las piezas de esta macrocausa.

De las tres magistradas de las que Castedo pide que sean recusadas, una de ellas, Cristina Costa, se ha planteado presentar la abstención, tal y como ya ha publicado este diario. Algo que no consta que se estén planteando sus colegas Navarro y Esquiva.

La designación del tribunal compuesto por estas tres mujeres para la casusa del PGOU se produjo después de que todos los magistrados de la sección Tercera, a la inicialmente correspondió el caso para su enjuiciamiento, plantearan su abstención en bloque por haber resuelto recursos de este procedimiento. Navarro, Esquiva y Costa resolvieron el apartamiento de sus compañeros José Daniel Mira-Perceval, Francisca Bru, Dolores Ojeda y Amparo Rubio. Tras este decisión, el presidente de la Audiencia, Juan Carlos Cerón, estableció que, tal y como marca la ley, el tribunal que resolvió las abstenciones es el que tiene que juzgar el proceso salvo que algo lo impida.