Como agua de mayo se esperaba la sentencia que ha acabado condenando a prisión a los hermanos Gregory, responsables de una sociedad de automoción donde simularon operaciones mercantiles para eludir pagos a los que tenían que hacer frente en un concurso de acreedores, según la resolución dictada por la sección Segunda de la Audiencia de Alicante.
Pero el fallo notificado este martes tenía especial interés no solo por la suerte que podían correr los empresarios (y la docena larga de acusados en este proceso, la mayoría de los cuales han sido absueltos) sino por conocer por fin la postura de un tribunal respecto a las intervenciones telefónicas ordenadas durante casi tres años en el mayor proceso de corrupción que se ha investigado en la provincia, el denominado caso Brugal. Unos pinchazos en los que en gran parte se apoyan las acusaciones y cuya anulación vienen reclamando reiteradamente desde el inicio de la instrucción las defensas de la práctica totalidad de los acusados en las cerca de veinte piezas en las que se acabó desgajando la principal, la abierta por supuestas irregularidades en la contrata de la basura de Orihuela. Una causa de la que surgió todo gracias a la grabaciones del empresario Ángel Fenoll y que precisamente también este martes comenzó a juzgarse en Elche.
La sentencia, adelantada por este diario, que valida el núcleo de las conversaciones (con la excepción de pinchazos en cuyos autos de ordenación la sala detectó errores que los anulan) ha caído como un jarro de agua fría entre los damnificados por esta decisión, que confiaban en que se anularan poniendo así fin a un calvario judicial que se prolonga ya más de una década sin tener que llegar a enfrentarse al trago de un juicio.
Al margen del nerviosismo, las reacciones por el shock de una noticia que no esperaban ha llevado a algunos de los afectados a aventurar que la decisión habría sido distinta si en vez de políticos se hubiera tratado de narcos, «como ocurrió en un asunto de Torrevieja donde se resolvió que no se pueden pinchar los teléfonos antes de comenzar a investigar, como se ha hecho en este caso», precisa alguien que conoce el procedimiento. O a hablar de «coincidencias buscadas» en la notificación del fallo de la Audiencia de Alicante y el inicio del juicio de las basuras. «No tiene otra explicación que las dos cosas ocurran el mismo día», apostilla otro implicado. Una hipótesis que desmiente el hecho de que la sentencia estuviera lista hace más de un mes y que se pospusiera su firma y notificación hasta el regreso de un viaje de la magistrada Montserrat Navarro, miembro del tribunal, que se encontraba en Venezuela por un asunto familiar.
Sea como fuere, lo cierto es que la sola posibilidad de que, pese a la autonomía de cada tribunal, el resto de las salas que asuman las causas de Brugal que quedan por juzgar (el Plan Zonal de la Vega Baja o la del PGOU de Alicante, principalmente) sigan la hoja de ruta marcada por la sección Segunda inquieta incluso a los que sostienen que pueden ser muchos pinchazos que no resistan una revisión auto a auto, como se ha hecho en el proceso de los Gregory. Y es posible que así sea. Pero la pelota, de momento, ha caído del lado de las acusaciones, lo que no es buena nueva para acusados y defensas.
