Sin apenas salirse del guión previsto, la Audiencia de Alicante celebró ayer la vista para dilucidar las cuestiones previas antes del juicio de jurado por la muerte a tiros de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala. Las partes expusieron ante la magistrada Francisca Bru, que presidirá el tribunal del jurado, por espacio de cercano a las dos horas los argumentos de los escritos que presentaron cuando se personaron. Entre ellos, destacaba la petición del abogado de la defensa para que el asunto no sea enjuiciado por un jurado o que, al menos, se adoptaran medidas para preservar a sus miembros de posibles contaminaciones por el impacto mediático de este proceso.
Miguel López se enfrenta a una petición de pena de más de 24 años de prisión. Es el único acusado del asesinato de su suegra la tarde del 9 de diciembre de 2016 cuando ésta recogía su coche en el negocio de automoción que regentaba su yerno. López siempre ha defendido su inocencia y actualmente está en libertad bajo fianza a la espera del juicio. Su abogado, Javier Sánchez-Vera, quiere evitar que la repercusión mediática del caso pueda condicionar el veredicto del jurado. Por este motivo, ayer reclamó a la juez durante la vista celebrada en la Audiencia que el caso sea enjuiciado por un tribunal ordinario. En el caso de que se rechace su petición, plantea que al menos se adopten medidas para evitar la contaminación del jurado. Entre ellas se encuentra desde juzgar el caso en otra provincia con un tribunal popular también ajeno a ella, el mantenerlos incomunicados durante toda la vista oral y el celebrarla a puerta cerrada. El letrado ha acusado a la Policía de haber estado filtrando informaciones sobre las pesquisas a los medios de comunicación para condicionar a la opinión pública.
La petición contó con el rechazo de las acusaciones, tanto del fiscal como la que ejerce el hijo primogénito de la fallecida a través del abogado Francisco Ruiz Marco. Este letrado aseguró que no hay precedentes de juicios donde las informaciones periodísticas hayan quebrado la imparcialidad del jurado y citó expresamente la sentencia del Supremo en el caso del asesinato de la niña Asunta Basterra y por el que fueron condenados sus padres adoptivos Rosario Porto y Alfonso Basterra. En ella, se mantenía que es una pura elucubración presuponer que los miembros del jurado son más sensibles que otras personas.
Robo
El abogado de López ha insistido también en la posibilidad de que los hechos de los que se acusa pudieran calificarse de robo con homicidio, en vez de asesinato, como lo concreta el instructor en el auto de apertura de juicio, lo que excluiría la competencia del jurado. Por ello, pide que la Policía emita un informe «sobre qué diligencias concretas supuestamente practicaron para descartar la línea de investigación de un robo», así como acerca de las pesquisas sobre los dos ciudadanos magrebíes que se encontraban en Novocar la tarde del crimen, peticiones a las también que se han opuesto las dos acusaciones.
A lo largo del informe de la defensa se han deslizado posibles irregularidades en la instrucción de la causa. El letrado expuso que la Policía entró en el domicilio de Miguel López para practicar el registro el día de su arresto antes de la llegada de la comisión judicial. También ha denunciado una supuesta ruptura de la cadena de custodia de los teléfonos tanto de Miguel López y de María del Carmen Martínez durante la estancia en dependencias policiales. En el caso del terminal de la víctima, la defensa asegura que se han llegado a borrar conversaciones. También cuestionó otros aspectos de los informes policiales durante la instrucción como la desaparición de fotografías que los ilustraban, según expuso.
Sobre este punto, la Fiscalía ha defendido la presunción de veracidad del trabajo realizado por la Policía y que, de cuestionarse alguna de sus actuaciones, hay que demostrar las supuestas irregularidades y no lanzar sospechas sin base.
Sánchez-Vera se mostró favorable a retirar el informe pericial informático del teléfono de la víctima realizado para la defensa por Luis Enrique Hellín Moro, el ultra antes llamado Emilio que mató a la joven vasca Yolanda González, y por su hijo, también condenado por abussos. A cambio de su retirada reclama que se le permita realizar otro informe por otro perito distinto.
En los próximos días, la magistrada deberá dictar una resolución sobre las cuestiones previas alegadas. Pero ésta no será firme, ya que contra ella hay posibilidad de recurso ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
