«Hemos detectado un salto de incertidumbre para el alumnado con necesidades educativas especiales en el paso de Primaria a Secundaria». Es una de las conclusiones de la junta directiva de la Confederación de padres Gonzalo Anaya, que reclama a Educación que mantenga para todos estos alumnos los recursos educativos de que dispongan en los colegios una vez que pasan al instituto.
Estos estudiantes dictaminados por los servicios psicopedagógicos escolares con alguna discapacidad, se integran en colegios ordinarios con recursos educativos tanto en cuanto al número de alumnos por aula, que según la normativa tienen que ser menos que en un aula ordinaria, como en personal profesional, porque se les asignan horas de tratamiento específico según sus necesidades.
«¿Qué pasa con estos chicos y chicas cuyas necesidades educativas no desaparecen cuando cambian de etapa? Hemos detectado una mayor falta de recursos en Secundaria», sostienen desde la Confederación de padres de alumnos mayoritaria en la Comunidad.
El presidente de la formación, Txomin Angós, subraya que entre las prioridades de la junta directiva de padres figura trabajar la nueva normativa sobre inclusión «para exigir a la Conselleria de Educación que vaya acompañada de recursos reales y presupuestados frente a los centros que tenemos hoy desbordados porque no pueden atender a todo el alumnado con necesidades educativas especiales y los centros de Secundaria carecen de los apoyos necesarios».
Los padres destacan como «un paso importante» que la administración cuente ya con una normativa que regule la inclusión en las aulas, pero reclaman que esta regulación «vaya más allá del papel y de las buenas intenciones».
Insisten los representantes de los padres en que hay una gran distancia entre unos centros y otros. «Hay centros con falta de profesionales para atender a estos niños en las aulas de Comunicación y Lenguaje, y alumnado que al abandonar los centros de Primaria se encuentran con que los de centros de Secundaria no cuentan con los apoyos que necesitan para continuar sus estudios que siguen siendo obligatorios», puntualiza Angós.
Esta desigualdad entre los centros provoca, como concluye esta confederación de padres de alumnos, que muchas familias «no puedan matricular a sus hijos en los centros más próximos a sus hogares, y que tengan que desplazarse o bien matricularles en distintos colegios cuando son hermanos y uno de ellos tiene necesidades educativas especiales».
«Faltan educadores y tardan demasiado en sustituirles»
Los representantes de los padres siguen recibiendo «quejas concretas de familias por la falta de recursos en los centros ordinarios para atender a los niños que necesitan más apoyos», según recogen en el comunicado hecho público por la junta directiva. El presidente, Txomin Angós, abunda que «faltan educadores en la aulas de Comunicación y Lenguaje y los plazos para cubrir plazas son demasiado largos para niños que necesitan atención continua.
