El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de de Alicante ha instado hoy a la concejala de Urbanismo, la popular Mari Carmen de España, a convocar una reunión entre los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para "llegar a un criterio técnico común que permita desatascar la situación" de la finca Pino y Ruaya.
"La respuesta del minigobierno del PP, de la señora De España y del señor Barcala ante el requerimiento de conselleria no puede ser el silencio y no puede ser el no; esto no es responsable y puede hacer que se llegue mas lejos en un conflicto entre las dos administraciones, local y autonómica, por eso hace falta dar una oportunidad al debate técnico y al dialogo", ha destacado hoy Bellido, portavoz de la coalición.
Desde Compromís reclaman la urgencia de esta reunión ante el requerimiento de la conselleria de "anular el acuerdo plenario en el plazo de un mes por invadir" competencias autonómicas. "Esta reunión es imprescindible para llegar a un criterio técnico común con el tema de Pino y Ruaya. Urbanismo debe convocar rápidamente una reunión ante esta diferencia de criterios técnicos, antes de que las cosas vayan por otro camino, por que la Conselleria ha afirmado de forma clara que el acuerdo aprobado en el pleno sobre esta materia no es legal y si el minigobierno del PP no es capaz de buscar soluciones votaremos a favor de anular este acuerdo plenario", ha concluido Bellido.
La Generalitat, a través de la Conselleria de Vertebración del Territorio, ha dado un plazo máximo de un mes para que el Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el popular Luis Barcala, modifique el acuerdo plenario por el que se estableció las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya, reconociendo una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, permitiéndose la construcción de unas 2.350 viviendas en un terreno anexo a la avenida de Dénia. El plazo concluye la próxima semana.
Pese al ultimátum de la Generalitat, el gobierno municipal de Barcala anunció que no iba a variar un ápice su planteamiento. Fuentes de Alcaldía aseguraron que el Ayuntamiento no dará marcha atrás en su decisión de dar uso residencial al terreno de Pino y Ruaya.
Según el departamento que dirige María José Salvador, el Pleno municipal de Alicante aprobó una propuesta, elevada por la Concejalía de Urbanismo con Mari Carmen de España al frente, que se extralimita de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 1992. La conselleria considera que el acuerdo plenario (que solo contó con el voto en contra de Guanyar) afecta a la ordenación estructural del ámbito territorial, otorgando al terreno un "concreto y exclusivo uso residencial y una determinada edificabilidad, una atribución de usos y densidad edificatoria que en ningún momento exige la sentencia que dice ejecutar". Para el Gobierno autonómico, y a "diferencia» de lo acordado por el Ayuntamiento a petición del gobierno de Barcala, se llevó a cabo una "modificación de la ordenación estructural del ámbito territorial", una decisión adoptada, según prosigue la conselleria, con "ausencia total y absoluta del procedimiento legal establecido".
Por ello, Vertebración del Territorio considera que la decisión plenaria supone una "intromisión en las competencias autonómicas en materia de aprobación de instrumentos de planeamiento que afecten a la ordenación estructural". Y es que la ley vigente establece que la conselleria tiene la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje.
