La Generalitat, a través de la Conselleria de Vertebración del Territorio, ha dado un plazo máximo de un mes para que el Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el popular Luis Barcala, modifique el acuerdo plenario por el que se estableció las condiciones urbanísticas de las fincas Pino y Ruaya, reconociendo una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. Es decir, permitiéndose la construcción de unas 2.350 viviendas en un terreno anexo a la avenida de Dénia.
Según el departamento que dirige María José Salvador, el Pleno municipal de Alicante aprobó una propuesta, elevada por la Concejalía de Urbanismo con Mari Carmen de España al frente, que se extralimita de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 1992. La conselleria considera que el acuerdo plenario (que solo contó con el voto en contra de Guanyar) afecta a la ordenación estructural del ámbito territorial, otorgando al terreno un «concreto y exclusivo uso residencial y una determinada edificabilidad, una atribución de usos y densidad edificatoria que en ningún momento exige la sentencia que dice ejecutar». Para el Gobierno autonómico, y a «diferencia» de lo acordado por el Ayuntamiento a petición del gobierno de Barcala, se llevó a cabo una «modificación de la ordenación estructural del ámbito territorial», una decisión adoptada, según prosigue la conselleria, con «ausencia total y absoluta del procedimiento legal establecido».
Por ello, Vertebración del Territorio considera que la decisión plenaria supone una «intromisión en las competencias autonómicas en materia de aprobación de instrumentos de planeamiento que afecten a la ordenación estructural». Y es que la ley vigente establece que la conselleria tiene la competencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y paisaje.
Así, con un plazo máximo de un mes para rectificar el acuerdo plenario, ha acabado, por ahora, el cruce de escritos entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, que arrancó con la comunicación desde Alicante del acuerdo plenario, que salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE y Cs, frente a la abstención de Compromís y el voto en contra de Guanyar.
Pese al ultimátum de la Generalitat, el gobierno municipal de Barcala no varió ayer un ápice su planteamiento. Fuentes de Alcaldía aseguraron que el Ayuntamiento no dará marcha atrás en su decisión de dar uso residencial al terreno de Pino y Ruaya.
Descontrol urbanístico
El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, se mostró ayer satisfecho ante la respuesta de Vertebración del Territorio tras el acuerdo plenario que dio uso residencial al terreno de Pino y Ruaya, donde se establecía además la densidad máxima de viviendas. «La Generalitat ha puesto orden en el descontrol urbanístico tras la vuelta del PP al Ayuntamiento. La sentencia sólo obligaba a clasificar el suelo como urbanizable, pero su calificación se tiene que hacer a través de una modificación del Plan General estructural», señaló Pavón, para quien el gobierno del Botànic «pone así a Barcala en su sitio». El portavoz de Guanyar, que en el Pleno defendió que la propuesta del PP extralimitaba la ejecución de sentencia, añadió que su formación ya estaba «preparando» una denuncia en los juzgados.
