El Consell ha publicado ya en el DOGV la nueva Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que por primera vez pone límites a los deberes escolares.
La normativa, que acaba de entrar en vigor, recomienda al profesorado que la mayor parte de las actividades de aprendizaje se circunscriban al horario lectivo, dejando el tiempo de ocio del alumnado libre de estas cargas lo máximo posible.
Los centros educativos deben, por ley, garantizar que se cumpla el "derecho al desarrollo a través del ocio y del deporte" de los niños y adolescentes, y, como señala el artículo 69, "durante las etapas de educación obligatoria se procurará que la mayor parte de las actividades de aprendizaje programadas puedan realizarse dentro de la ornada lectiva".
La normativa concreta además que, aquellas actividades de aprendizaje que salgan fuera del aula, como son los deberes, "no menoscaben el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar".
El nuevo texto legislativo recomienda estas medidas, no las obliga. De hecho señala expresamente que los centros educativos "procurarán" que sea así, que el aprendizaje se limite al periodo lectivo.
En cualquier caso, el tiempo que finalmente destine o no a deberes cada docente, porque la medida es potestativa de cada profesor, queda a partir de ahora supeditado al derecho al ocio que tienen los niños.
Campañas
Los padres de alumnos iniciaron hace un año, con motivo de las vacaciones de Navidad de 2017, su particular batalla contra el tiempo excesivo que dedican los niños a hacer deberes con el hastag #Stopdeberes, y este mismo año 2018, la retomaron cunado se acercaban las vacaciones de Semana Santa.
El Consell lanzó el pasado mes de junio el proyecto de ley de la Infancia que recogía por primera vez los límites a los deberes y la propia vicepresidenta Mónica Oltra realizó una encendida defensa del ocio como derecho irrenunciable para los niños. "Es como si un trabajador de una empresa de automóviles llega a casa y se lleva el volante para seguir trabajando", explicó entonces la número dos del Consell.
La ley contempla a los niños como "ciudadanos de pleno derecho" que deben ser "escuchados", incluso antes de recibir algún tratamiento médico y también respetados en sus convicciones.
Para Oltra "desde los 7 años son suficientemente maduros para que se les pregunte, aunque obviamente la decisión sea del padre o el tutor".
