Marcha atrás del gobierno municipal del PP en la polémica surgida por las presuntas irregularidades en unas obras realizadas desde el Patronato de Vivienda. Mientras el concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, anunciaba el pasado viernes que volvería a convocar la Comisión de Hacienda «para estudiar el expediente previamente al Pleno y dar a conocer los informes del gerente, interventor y secretario que coinciden en que se paguen las obras», el ejecutivo municipal renunció ayer a llevar el reconocimiento extrajudicial de créditos a la sesión prevista para este jueves. ¿El argumento? El gobierno que lidera Luis Barcala quiere esperar ahora a que el Pleno apruebe este jueves la creación de una comisión de investigación y que luego, en una sesión, los grupos municipales se posicionen al respecto del pago por los trabajos.
La Comisión de Hacienda, con toda la oposición unida frente al PP, bloqueó el pasado viernes el procedimiento para pagar las dos facturas (una relativa a las obras y otra a una plataforma), alegando que no habían tenido tiempo para estudiar el informe completo. Tras esa derrota, Castillo anunció su propósito de convocar una nueva sesión para principios de esta semana, con el objetivo de llevar el reconocimiento de crédito al Pleno de este jueves. Sin embargo, la propuesta no se debatirá este año.
Mientras tanto, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, sigue a la espera de conocer el resultado del informe que ha solicitado al Servicio Jurídico del Ayuntamiento para conocer las posibles irregularidades que se cometieron en el procedimiento administrativo seguido desde el Patronato de Vivienda para la adecuación de un local municipal del Casco Antiguo.
El interventor, tras alertar de un fraccionamiento ilegal, reclamó que se convocase un procedimiento negociado sin publicidad. Sin embargo, el organismo autónomo, durante la etapa del tripartito con Julia Angulo (Guanyar) como presidenta, optó por ignorar al interventor y limitarse a reducir el valor de la actuación para no superar los 50.000 euros a los que están limitados los contratos menores de obras. Las facturas iniciales sumaban 56.758 euros (sin IVA). El cambio en el proyecto, además, se realizó en mitad de las obras.
En una conversación entre el alcalde y los portavoces municipales de la oposición, Barcala puso el pasado viernes el acento sobre «cuatro» cuestiones del procedimiento que requieren aclaración al existir indicios de «irregularidades», aunque no precisó a cuáles se refería en concreto.
Sin rastro en la sesión
Al Pleno de este jueves no irá el reconocimiento de créditos para pagar las dos facturas a las empresas que realizaron las obras, pero tampoco se producirán las comparecencias solicitadas por el PSOE de los dos concejales de Vivienda de este mandato que siguen en la Corporación: el popular Israel Cortés y Julia Angulo (de Guanyar). La otra exedil del área, la socialista Sofía Morales, renunció a su acta el pasado junio tras la llegada del PP al gobierno local. El secretario municipal bloqueó ayer las comparecencias, alegando que no se habían pedido a tiempo (tres días antes de la convocatoria del Pleno). Tampoco permitió que la petición se incluye en el orden del día por urgencia. A través de esa vía sí irá la petición del PP para crear una comisión de investigación que «analice» si existieron «irregularidades» en la tramitación.
