La Junta General del Patronato de la Vivienda aprobó ayer un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de unas obras de adecuación de un local municipal por 59.240 euros. El proyecto inicial para la realización de esos trabajos, que se llevaron a cabo para permitir el traslado de la Concejalía de Juventud tras las deficiencias detectadas en el Centro 14, no superó el trámite de la fiscalización. Y es que el interventor del Ayuntamiento de Alicante consideró que se tenía que autorizar la «totalidad del gasto», bloqueando así el intento del Patronato de la Vivienda de fraccionar el proyecto en tres contratos menores, relativos a las propias obras, a una plataforma elevadora y a unos honorarios profesionales. La suma de los tres contratos menores alcanzó los 56.758 (sin IVA), lo que obligaba a sacar la obra a contratación, ya que incumple la Ley de Contratos que obliga a sacar a concurso toda obra que supere los 50.000 euros (sin IVA).
El interventor municipal exigió que se tramitara una contratación por procedimiento negociado sin publicidad, pero el Patronato de la Vivienda decidió modificar el proyecto inicial para que el importe total no rebasase el límite para contratos menores de obras que recoge la ley. Es decir, rebajar el coste de las obras en unos 4.894 euros, dado que finalmente se excluyó la partida destinada a los honorarios.
El cambio del proyecto se acometió a mitad de las obras, ya que arrancaron el 23 de octubre de 2017 y el expediente se presentó para su fiscalización el 6 de noviembre. «Dado que las obras no habían concluido y con objeto de rectificar el expediente, se procede, previa conformidad con la empresa y sin que suponga detrimento de la funcionalidad necesaria, a disminuir partidas ejecutables del presupuesto inicial de las obras de adecuación del local, a los efectos de que la cuantía de la obra más la plataforma no supere el límite de contratación menor», reconoce el Patronato de la Vivienda en un informe en el que se explica que, concluidas las obras dos meses después, se reclama a Intervención el visto bueno para hacer frente, en diciembre de 2017, al gasto de 40.909 euros (más IVA) relativo a las obras y de 8.854 euros (más IVA) de la plataforma. En total, 49.764 euros (sin incluir el IVA).
Como Intervención no respondió a tiempo, el organismo autónomo volvió a presentar en febrero de 2018 el expediente completo para poder pagar a las dos empresas. Entonces sí hubo contestación: Intervención reclamó a Vivienda que la recepción de las obras se realizase en presencia de un arquitecto municipal, «que actúa como asesor del interventor, para que constate la exactitud» de lo ejecutado. Ese trámite se firmó el pasado agosto. Dos meses después, Intervención siguió con sus peticiones, en este caso un informe de la Secretaría del Patronato de la Vivienda sobre las actuaciones.
La polémica alcanzó su cénit hace apenas un mes, cuando el interventor, en un nuevo informe, acusó a «empleados» de Vivienda de «adoptar decisiones por su cuenta y riesgo», señalando además que si «existiera diferencia entre el proyecto aprobado y el realizado» debe «repercutir» sobre esos trabajadores, a los que no menciona directamente. Y no solo eso, sino que Intervención también reclama «adoptar las medidas que la Corporación considere oportunas» para «evitar que estos hechos vuelvan a producirse».
En la respuesta, el Patronato de Vivienda niega que la Gerencia actuase «a su riesgo y ventura» (lo hace en un escrito firmado por el concejal Israel Cortés y por el propio gerente, Gaspar Mayor), aunque admite que fue una «irregularidad no considerar en un mismo expediente el total de prestaciones a realizar», en alusión a dividir en contratos menores el proyecto.
La modificación de crédito de 59.240 euros deberá ser aprobada por el Pleno municipal, ya que los gastos se originaron en 2017.
