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Barcala pide al Servicio Jurídico un informe de los contratos de Vivienda ante las posibles «irregularidades»

La oposición paraliza el pago de dos facturas, por 59.240 euros, por unas obras cuya adjudicación bloqueó el interventor por incumplir la ley

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, conversa con el interventor municipal, Francisco Guardiola, que alertó del fraccionamiento ilegal en Vivienda. pilar cortés

El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, pedirá un informe al Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Alicante para que se pronuncie sobre las posibles «irregularidades» en la tramitación de los contratos del Patronato de la Vivienda que el interventor frenó en un primer momento para evitar un posible fraccionamiento ilegal. Así lo comunicó ayer el regidor popular a los portavoces de los grupos municipales tras la Comisión de Hacienda, donde la oposición bloqueó el procedimiento para el pago, a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, de las obras realizadas en un local municipal del Casco Antiguo, valoradas en 59.240 euros tras los retoques en el proyecto para evitar que superase el límite legal para un contrato menor, situado en los 50.000 euros (sin IVA). El gobierno prevé convocar la próxima semana otra Comisión de Hacienda, previa al Pleno del jueves, para poder abordar el pago a los proveedores. Los grupos, que coinciden en que se debe pagar por las obras realizadas, aseguraron ayer que habían votado en contra de la urgencia porque el expediente se les remitió apenas unas horas antes.

Barcala, según fuentes de Alcaldía, señaló ayer que ante las posibles «irregularidades» cometidas desde el Patronato de Vivienda [en un procedimiento que arrancó con el tripartito, prosiguió con el Gobierno en solitario del PSOE y ha finalizado con el Ejecutivo del PP] elevará el expediente al Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Alicante. Según testigos de la conversación entre el alcalde y los portavoces municipales de la oposición, Barcala puso el acento sobre «cuatro» cuestiones que requieren aclaración al existir indicios de «irregularidades», aunque no precisó a cuáles se refería en concreto.

El interventor del Ayuntamiento bloqueó en un primer momento el intento del Patronato de la Vivienda de fraccionar el proyecto en tres contratos menores, relativos a las propias obras, a una plataforma elevadora y a unos honorarios profesionales. La suma de esos tres contratos menores alcanzó los 56.758 (sin IVA). El alto funcionario municipal exigió que se tramitara una contratación por procedimiento negociado sin publicidad, pero el Patronato de la Vivienda decidió modificar el proyecto inicial para que el importe no rebasase el límite para contratos menores de obras que recoge la ley. El cambio del proyecto se acometió a mitad de las obras.

Rescatan el Caso Comercio

Antes de que se celebrase la Comisión de Hacienda de ayer, el grupo municipal socialista fue el primer en moverse, pidiendo por escrito que el actual presidente del Patronato de la Vivienda, el popular Israel Cortés, y la primera responsable del órgano durante este mandato, Julia Angulo (Guanyar), comparezcan ante el Pleno para dar explicaciones sobre «el posible fraccionamiento de contratos» en el Patronato de la Vivienda.

Los socialistas insistieron en que el informe del interventor va más allá de los reparos que puso en el Caso Comercio, que acabó con la dimisión del ahora exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, en un asunto que se juzgará el próximo septiembre por supuesta prevaricación. «Las reglas del juego son las mismas para todos y si, como todo parece indicar, se ha producido un fraccionamiento, alguien tendrá que asumir la responsabilidad», señaló Montesinos, quien destacó el informe del alto funcionario: «Las afirmaciones realizadas por el interventor son mucho más duras que las existentes en el Caso Comercio. De hecho, no tienen nada que ver, por lo que creemos que aquí se deben asumir responsabilidades».

Entre la etapa de Julia Angulo (Guanyar) como presidenta del Patronato de la Vivienda y la actual del popular Israel Cortés, el organismo estuvo dirigido por la socialista Sofía Morales, que renunció a su acta de concejala en junio, poco después de que el PSOE perdiera el gobierno local en favor del PP.

Tras la Comisión de Hacienda de ayer, Cs también puso la mirada en el Caso Comercio, Compromís incidió en las dudas que genera el procedimiento de adjudicación de las obras, mientras que Guanyar mantuvo un perfil bajo, subrayando las «prisas» por la urgencia.

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