Un pleno de contrastes, con victorias y derrotas a repartir entre las bancadas de la derecha y la izquierda. Para el gobierno municipal liderado por Luis Barcala, dos fueron los principales golpes que encajó en un pleno maratoniano, que empezó a primera hora de la mañana y se prolongó hasta última hora de la tarde. El primer «directo» al PP le llegó cuando la izquierda, en una iniciativa promovida por el PSOE, sacó adelante una moción para crear una comisión en la que se estudiarán fórmulas para intentar que el Monasterio de la Santa Faz vuelva a ser patrimonio de la ciudad de Alicante, y no solo eso, sino que también se abordará la posible reversión de la propiedad de otros bienes de la Iglesia.
Barcala, que trató de poner sobre la mesa documentación para defender que el convento es propiedad de las Clarisas tras una donación de carácter «irrevocable», encajó mal la derrota en una votación que desniveló, como es habitual, la tránsfuga Nerea Belmonte. En este caso, la ex de Guanyar se alió con sus excompañeros del tripartito, tras el voto en contra del PP y Ciudadanos y la abstención del otro tránsfuga, Fernando Sepulcre. «La comisión es un absoluto despropósito. Esta situación abre la puerta a una revisión para expropiar los bienes a la Iglesia. Luego alguien se escandalizará cuando se hable de expropiar la Santa Faz y que el monasterio no se dedique a lo mismo que en los últimos 500 años. Luego vendrán los 'madre mía'», afirmó Barcala en un receso de un pleno en el que previamente había subrayado que su gobierno municipal, por iniciativa propia, «no va a promover acciones para expropiar la Santa Faz, ni a desalojar a las monjas ni a desposeerlas».
En el mismo tono que el alcalde se situó la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, quien acusó a la izquierda de «utilizar la tradición de la Santa Faz para quitarle propiedades a la Iglesia». Desde Guanyar, Pavón reivindicó la creación de la comisión, invitando a Barcala a aportar al órgano la documentación que ayer puso sobre la mesa: «No tenga usted miedo a la comisión. Solo queremos reivindicar el patrimonio de la ciudad, y que determinados inmuebles vuelvan a ser propiedad del Ayuntamiento». Con ese objetivo, el socialista Carlos Giménez puso en valor la comisión plenaria: «El acuerdo por el que se hizo la donación del convento de la Santa Faz se ha incumplido». Bellido (Compromís), por su parte, destacó que la salida de las monjas se ha producido con un gobierno de derechas, pese a que ya hubo intentos durante la etapa del tripartito de izquierdas: «Esto ha pasado con un gobierno de derechas, así que ustedes ya no nos sirven ni para esto».
Segundo golpe
El segundo golpe encajado ayer por el PP se produjo poco después, también en la primera parte del pleno, cuando la corporación aprobó la creación de una nueva comisión. En este caso, era de investigación y para abordar los contratos adjudicados a Jorge Crespo, un asesor del gobierno del PP (ya dimitido). Esta propuesta, defendida por Compromís, salió adelante con el voto de sus exsocios del tripartito y la necesaria abstención de los dos ediles tránsfugas, tras la oposición de PP y Ciudadanos, que intentó dar un vuelco a la propuesta pidiendo que se incluyeran también los contratos relativos a un Plan Ciudad impulsado en la etapa de Bellido en el gobierno.
La persona de confianza de Barcala se vio obligada a dimitir el pasado mes de julio después de que se descubriera la incompatibilidad entre su cargo municipal y su participación en una empresa que concurría a un concurso en el Ayuntamiento. Posteriormente, además, se supo de la adjudicación de otros contratos al ahora exasesor del PP y a personas de su entorno. Todo eso se tratará en una comisión que Bellido defendió por la existencia de tres problemas: «Falta de información desde el gobierno, incompatibilidad en el cargo y la ocultación de datos».
Cs, tras intentar que también se investigasen en comisión unos cuarenta contratos vinculados al Plan Ciudad por un valor global de 100.000 euros que el grupo reclamó el pasado mes de marzo y de los que nunca más volvió a decir nada, se mostró especialmente beligerante con Bellido, defendiendo un argumento que poco después también hizo suyo el PP: «Esta comisión [sobre el exasesor popular] intenta poner en marcha el ventilador para distraer la atención de su reprobación por Escola Valenciana. Para ustedes [en alusión a Compromís] se aplican la homeopatía y para los demás, la radioterapia». El popular Israel Cortés prosiguió, minutos después, con ese hilo argumental: «Es una bomba de humo para difuminar sus polémicas, pero nada va a tapar sus vergüenzas. ¡Qué rancios se han vuelto en apenas cuatro años!».
Pese a abstenerse en la votación final, también se mostraron duros con Bellido los dos concejales tránsfugas de Alicante, Belmonte y Sepulcre, que le reprocharon su doble vara de medir en cuestiones de ética y estética, un mensaje que posteriormente se incrementó durante la comparecencia de Bellido y la doble reprobación a dos de los tres concejales de Compromís.
Por su parte, la socialista Eva Montesinos y el concejal Miguel Ángel Pavón (Guanyar) defendieron la necesidad de crear la comisión de investigación para abordar las contrataciones con el ahora exasesor de Barcala, que forma parte de la Ejecutiva local del PP.
Ahí, sacando adelante esta propuesta que entró por la vía de urgencia, se alcanzó el punto de inflexión en el pleno para el PP y Compromís: los populares dejaron de encajar golpes y empezó el mal rato para la coalición de izquierdas. Los primeros focos apuntaron hacia Bellido, que aceptó intervenir a petición de Cs para explicar las contrataciones directas, con motivo de la Plaça del Llibre y de un evento por el Día de la Mujer, a Escola Valenciana (entidad que tiene a sueldo en Alicante solamente a Ismael Vicedo, la pareja de la concejala Espuch).
Sin novedades
El portavoz de Compromís, como anunció él mismo en su intervención, no dijo nada nuevo, y eso que dedicó más de media hora a defender unas adjudicaciones que tildó de «éticas y transparentes». Responsabilidades políticas tampoco asumió: Bellido ni entró al trapo de las peticiones de dimisión que, durante el pleno, le fueron llegando desde todos los grupos, con más o menos intensidad. Los más directos, PP y Cs, los más eufemísticos en sus palabras, sus exsocios de gobierno. Tampoco lo hizo después, lo de dejar el acta, la edil Espuch.
Bellido solo admitió un error en unas adjudicaciones que dejaron más de 25.000 euros en las arcas de la entidad valencianista: que el convenio no estuviera publicado en el Portal de Transparencia. Y ya. «Se ha hecho todo desde la transparencia. Todo el mundo sabía quién era Ismael Vicedo, dónde trabaja y de quién era pareja. Esa reflexión me la hice. ¿Por él debemos dejar de colaborar con Escola Valenciana? Mi respuesta fue no. No vemos un problema ético ni de incompatibilidad», defendió Bellido, acusado de «nepotismo» desde Cs y que fue foco de la ironía del PP: «¿Quién le iba a decir que se iba a ver en esta situación? Usted, el rey de la transparencia». Y es que mucho se habló de la falta de coherencia en el discurso de Compromís.
Más allá de la comparecencia inicial, los hechos llegaron justo antes del receso para comer. Ahí, la corporación votó, por separado, a favor de la reprobación de Bellido y de Espuch. Ambos puntos salieron adelante con los votos del PP y de Cs, junto a la medida abstención de los otros ex del tripartito, Guanyar y el PSOE, además de los tránsfugas. El voto de Daniel Simón, de Guanyar, fue objeto de la polémica, ya que nadie en el salón de plenos, ni revisando el vídeo, vio su brazo levantado a tiempo. Él defendió, en un breve parón de la sesión ordenado por Barcala, que no se salió de la disciplina de grupo. Tampoco fue un día de sorpresas.
