Llegan engañadas desde todos los rincones del mundo y una vez en nuestro país son obligadas a prostituirse y a saldar una deuda imposible con las mafias que las han traído a España. La trata de mujeres para fines de explotación sexual mueve miles de millones en nuestro país y Alicante no escapa a este lucrativo negocio. De hecho, la provincia se ha convertido en los últimos años en destino para las mafias de trata de mujeres.
Los motivos, a juicio de los expertos, son variados. «Las buenas comunicaciones de la provincia de Alicante por carretera, puerto y aeropuerto facilitan que estos grupos se hayan asentado aquí en los últimos años. Además, Alicante es una provincia en la que se mueve mucho dinero, lo que atrae a este tipo de mafias», explica José Luis Tinoco, inspector jefe de la Policía Nacional en Alicante y jefe de la unidad Ucrif contra las redes de inmigración y falsificación.
Benidorm, Torrevieja y Alicante son los principales puntos en los que se obliga a estas mujeres a prostituirse, un hecho que María Jesús Navarro Ríos, profesora en la Universidad Miguel Hernández, vincula directamente con el turismo sexual. «Nos estamos convirtiendo en un destino de turismo sexual, gracias a estos grupos que están muy bien asentados y aprovechando el vacío legal que existe en nuestro país frente a otras legislaciones mucho más duras, como la de los países nórdicos, donde se persigue directamente a quien consume la prostitución», señala Navarro, quien además preside el I Congreso Internacional sobre Violencia de Género que ayer arrancó en la Universidad Miguel Hernández. Turistas que aprovechan su viaje a la Costa Blanca para consumir prostitución y que coexisten con la clientela «de toda la vida», cuya cifra no solo no desciende, advierte Navarro, «aumenta y a la vez baja la edad de los puteros».
La forma de actuar de estas mafias se ha ido sofisticando con el paso de los años y cada una lo hace de una manera diferente en función de los lugares de procedencia de las mujeres. Las chicas que llegan de Sudamérica vienen en avión, con visado de turista. «Las mafias se ocupan de todos los detalles para no levantar sospechas en las aduanas. Hacen reservas de hotel y proporcionan dinero a las chicas para demostrar que vienen como turistas», señala Tinoco. De hecho, la Policía Nacional da cursos a los agentes que están en los puntos de control de las aduanas para que tengan en cuenta lo que les puede hacer sospechar que se encuentran ante una mujer víctima de trata.
Muchas jóvenes son traídas desde Rumanía o Rusia en autobús. En estos casos, las mafias usan la figura del denominado «Loverboy», para enamorar y engañar a chicas jóvenes de escasos recursos económicos con la promesa de que en nuestro país van a encontrar un futuro dorado a su lado. Una vez han emprendido el viaje son obligadas a prostituirse. El caso de las mujeres africanas, y en concreto de las nigerianas, es especialmente cruel, como relata José Luis Tinoco. «La mayoría son vendidas por su propia familia y las mafias las mantienen coaccionadas con rituales de vudú en los que les obligan a beber mezclas de sangre y pelo». De hecho, en las operaciones en las que se han desmantelado redes de trata de mujeres nigerianas «nos encontramos prendas y objetos que han sido empleados en estos ritos y las mujeres están muy tocadas psicológicamente. Es terrible».
En pateras
La vía de entrada de estas mujeres procedentes de África suele ser la aérea, aunque las mafias también se sirven de las pateras para meterlas en nuestro país. Por último, la Policía Nacional también ha detectado en la provincia la presencia de redes de explotación de mujeres asiáticas, generalmente destinadas a hombres de origen chino, «aunque son extremadamente herméticas y muy difíciles de desarticular». En estos casos, apunta María Jesús Navarro Ríos, «la tapadera suelen ser locales de masajes en los que se obliga a estas mujeres a prostituirse».
Las redes que operan en la provincia de Alicante utilizan a las mujeres tanto para ejercer la prostitución aquí o para enviarlas a otros países de Europa, aprovechando, de nuevo, las buenas comunicaciones. La deuda que estas chicas contraen con las organizaciones delictivas «pueden alcanzar los 50.000 euros» y las condiciones en las que están estas mujeres son deplorables, de verdadera esclavitud «y residiendo en viviendas que se encuentran en muy malas condiciones», explica el inspector jefe de la Policía Nacional.
Aunque desde enero han sido detenidas en la provincia de Alicante 43 personas por el delito de trata de mujeres, el responsable de la Ucrif afirma que en los últimos años este delito se ha hecho mucho más complejo de perseguir. «El panorama ha cambiado mucho, porque las mujeres han pasado de ejercer en la calle a hacerlo en pisos o chalés particulares». Una situación que dificulta mucho el trabajo a las fuerzas de seguridad. «El club es un local abierto al público, al que podemos acceder en cualquier momento para realizar una inspección. Un piso es un domicilio particular, que requiere de una orden judicial muy bien fundamentada para que podamos entrar en él».
Pero el abordaje de este tipo de delitos también está cambiando en otro sentido. «Hace unos años nos centrábamos en desarticular las redes y detener a sus responsables, pero nos olvidábamos de las mujeres», explica Tinoco. Ahora ellas son una parte fundamental de estas operaciones. «En el momento que llegan a la comisaría ya hay personal de las ONG que las recibe y las atiende porque hay que tener en cuenta que estas chicas llegan de países en los que la policía es parte cómplice de estas redes, por lo que desconfían».
Respecto al número de mujeres que son víctimas de este tipo de delito en la provincia, María Jesús Navarro señala la necesidad de que se haga un estudio pormenorizado, aunque añade que son «miles las chicas que se encuentran en esta situación». Contra el mensaje de que una parte de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen libremente, la profesora de la UMH recuerda que el 80% de estas mujeres están en una situación de vulnerabilidad o son víctimas de trata. El 20% restante, «puede que lo hagan de una manera consciente, pero no por voluntad propia, sino por una situación de precariedad».
