Enésimo hachazo al Júcar-Vinalopó. Un informe de las Cortes sobre los problemas del agua en la Comunidad Valenciana, que se votará mañana en el parlamento valenciano, concluye que el cambio de toma del agua del trasvase del Júcar en 2005 de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa -decisión unilateral del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Cristina Narbona- fue correcto y se basó en cuestiones técnicas. Aseveración que va en contra de los argumentos de la propia Junta Central de Usuarios y, entre otros expertos, de los catedráticos alicantinos Antonio Gil Olcina y Antonio Rico, director del Instituto Universitario de Geografía, que mostraron su rechazo en la subcomisión parlamentaria (50 ponentes) creada al efecto para coordinar el informe.
La conclusión del trabajo también contradice los estudios y analíticas realizados a lo largo de la última década que han puesto en evidencia que la mala calidad del agua en la toma del Azud de la Marquesa impide su uso para el riego generalizado (solo sirve para algunos cultivos leñosos) y para el consumo humano.
Un documento lleno, según Andrés Martínez, presidente de la Junta Central, de falsedades, y que condena a los regantes en su batalla legal contra el Gobierno. El informe que se presenta a votación el jueves por la subcomisión creada para analizar la problemática del agua toma como base los datos de una comisión del Gobierno central que analizó entre 2004 y 2005 el trasvase Júcar- Vinalopó, que no tuvo carácter oficial y que no emitió, además, conclusiones sobre su trabajo. Hoy, trece años después la subcomisión de diputados autonómicos, entre cuyos ponentes hay tres alicantinos, incorpora el estudio del Gobierno y avala el cambio de toma, que rechaza la provincia de Alicante.
Una de las paradojas es que la subcomisión que avala el informe que destroza el trasvase está presidida por la diputada de Compromís Graciela Ferrer, miembro del colectivo Nueva Cultura del Agua, que se opuso al trasvase Júcar-Vinalopó desde el primer día. En el documento que se ha elaborado bajo su presidencia figuran como firmantes tres diputados alicantinos, David Cerdán (PSOE), Antonio Estañ (Podemos) y José Císcar (PP). Este último aparece con un voto particular en contra de todo el informe. También participa como miembro de la subcomisión la diputada de Ciudadanos por València María José Jiménez, ingeniera técnica de Obras Públicas.
Por lo tanto, un 60% de los diputados de la subcomisión es de la provincia de Alicante, pero solo Císcar ha emitido un voto particular contra el resultado del estudio. El resto avala unas conclusiones que han encendido a la Junta Central y que van en contra de lo defendido por la provincia de Alicante desde hace décadas en lo referente al trasvase Júcar-Vinalopó. En la subcomisión también participaron pero sin voto Belén Bachero (Compromís-Castellón), Elisa Díaz (PP por Alicante), María José García (Ciudadanos-València), Beatriz Gascó (Podemos por Alicante), Manuel Pineda (PSOE por Alicante) y Domingo Rojo (Cs València).
El presidente de la Junta Central de Regantes, Andrés Martínez, reclamó ayer al diputado socialista David Cerdán y al Consell -a través del secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero-, que traten de invertir un informe que de aprobarse tal como rezan la conclusione representará un golpe mortal contra la agricultura de la provincia de Alicante. Justo ahora que el Gobierno pretende que los regantes paguen 70 millones de euros para firmar el convenio que regule el trasvase, y también parte del coste de la desaladora de Mutxamel, parada prácticamente desde su construcción con un coste de 90 millones de euros. «Nos parece indecente que en las Cortes se vaya a dar validez a un informe que recoge datos de una comisión de 2004 que nunca fue oficial, sino un grupo de amiguetes contrario a los trasvases, y que vino bien al Gobierno para aprobar los Presupuestos de 2005 apoyados por ERC, que se oponía al trasvase».
El pecado original
Los hechos que dan pie al controvertido estudio que se rescata ahora se remontan a 2004, cuando el entonces director general del Agua, Juan López Martos (PSOE), creó una comisión para analizar la viabilidad del trasvase Júcar-Vinalopó bajo las condiciones establecidas por la Comisión Europea que subvencionó la obra en 120 millones de euros del total de 400 millones que costó y que fijó la toma del agua en Cortes de Pallás. Sin embargo, la comisión recomendó al Gobierno central el cambió de la toma al Azud de la Marquesa. Paradójicamente, la comisión concluyó que en ese punto no había agua de calidad para suministro urbano por lo que se planteó «la construcción de la desaladora de Mutxamel, que aportaría 18 hm³ para abastecer a los municipios costeros de l'Alacantí y la Marina Baixa». Decisión que no contó con el acuerdo de la cuenca receptora (Alicante) ni de la Generalitat Valenciana. El Ministerio de Medio Ambiente decidió el cambio de toma y la desaladora.
David Cerdán, diputado del PSOE, quien ha votado a favor del informe, restó ayer trascendencia al cambio de toma. «Para mí, y soy de Aspe, me parece muy importante que se recojaque es necesario crear un Banco Público del Agua, armonización de tarifas, control de los acuíferos, cesión de derechos de uso del agua, y la necesidad de alcanzar un Pacto del Agua». Por su parte, José Císcar, diputado del PP, que votó en contra, subrayó que « el informe sale muy tocado al incluir que el cambio de toma de Cortes al Azud de la Marquesa se hizo para obtener más agua. Me parece grave que haya políticos de Alicante que voten una cosa en la provincia y la contraria en València».
