El presunto ofrecimiento de asfaltado privado por las empresas que ejecutan las obras en varias calles de la partida alicantina del Moralet a cambio del pago en negro de 700 euros por vecino, al margen del proyecto inicial financiado por el Ayuntamiento, está ya en el juzgado. Podemos presentó ayer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si se cometieron irregularidades mientras que el Pleno del Ayuntamiento acordó crear una comisión que aclare si se ha ampliado el asfaltado sin permiso municipal.
Podemos tuvo conocimiento de que los obreros requirieron a los vecinos de un mínimo de cuatro calles un pago por asfaltarles hasta la puerta de sus chalés, extremo que corroboró en el Pleno la presidenta de la Asociación Nuevo Moralet, Carolina Gomis, quien explicó que les cobraban a 10 euros el metro cuadrado. «Les reclamaron 700 euros a pagar el mismo día, y hubo personas mayores que tuvieron que ir al banco. No recibieron ninguna factura ni documento de a quién estaban pagando. Ahora aquello se ha quedado a parches».
El partido constató en una visita a la pedanía que la queja vecinal era cierta, explicó ayer su consejero de Infraestructuras, Carlos Andreu. «Decidimos ir a Fiscalía porque ha existido un movimiento de dinero en negro y el Ayuntamiento no da ninguna solución pese a ser garante de la obra y a que el terreno cuyo asfaltado han pagado los vecinos es público. Aunque se ha abierto también una comisión de investigación en el Ayuntamiento hemos optado por la Fiscalía para depurar toda responsabilidad».
La comisión municipal nace a petición de Guanyar con 15 votos a favor, los de la formación que lidera Miguel Ángel Pavón; el PSOE; Compromís y el tránsfuga Sepulcre, por 13 en contra, los de la también tránsfuga Nerea Belmonte, Ciudadanos y el PP. Los populares perdieron pese a que el alcalde, Luis Barcala, hizo una contraoferta: llevar el pliego a la comisión de Contratación para examinarlo.
No fue la única votación en la que fracasó ayer Barcala, demasiado a la defensiva durante la larga sesión plenaria. Entró al trapo en la mayoría de los asuntos y salió en defensa de Belmonte, exedil de Guanyar, cuando era atacada sin piedad por quienes resultaron damnificados por aquel voto en blanco que posibilitó el acceso a la Alcaldía del PP. El regidor llamó vagos y acusó de poca vergüenza al bloque de izquierdas por pretender que la tránsfuga retirase su propuesta de modificación parcial del Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) para poder tener derechos y que elaborase una iniciativa global.
Los partidos del extinto tripartito se cobraban su venganza oponiéndose a darle derechos a Belmonte. Ni siquiera podrá tener despacho, asistir a comisiones y presentar mociones. Y eso que ella misma retiró su aspiración a tener un sueldo. El PP se quedó solo a la hora de darle más derechos, pues Ciudadanos, al que pertenecía el otro tránsfuga, Fernando Sepulcre, también se opuso. Quién le iba a decir al PP que cerraría el Pleno con otra derrota. Los del tripartito se unieron de nuevo para sacar adelante una propuesta de Compromís relacionada paradójicamente con el ROP. Ésta vez sí, se acordó iniciar el procedimiento para revisar los derechos de los tránsfugas y rebajar las prerrogativas del alcalde, que la izquierda considera excesivas desde que hace siete años la exalcaldesa del PP Sonia Castedo aprobara la última modificación del ROP, «que aumentó su discrecionalidad hasta límites intolerables».
