«Una cuestión entre particulares». El Ayuntamiento de Alicante no va a actuar tras la polémica desata en el Moralet, donde se ha ampliado el asfaltado sin permiso municipal en varias calles de la partida y, según una denuncia de Guanyar, las empresas que están realizando las obras aparentemente están pidiendo dinero a los vecinos por hacer llegar el asfalto hasta la misma fachada de sus parcelas.
La concejal de Partidas Rurales, María Ángeles Goitia, y el edil de Infraestructuras, Israel Cortés, visitaron ayer el Moralet y se reunieron con vecinos, que les trasladaron su «satisfacción» por la actuación realizada, según informaron ayer fuentes municipales.
Respecto a las denuncias de algunos residentes sobre el ofrecimiento de asfaltado privado por parte de las empresas al margen del proyecto inicial financiado por el Ayuntamiento, la concejal lo consideró un asunto «de particulares» en el que se queda al margen, sostuvieron las mismas fuentes. «El Ayuntamiento hace la carretera y si los vecinos, por su cuenta y riesgo, piden que se les asfalte hasta la puerta de sus casas, ahí ya no entramos».
Los ediles del equipo de gobierno del PP estuvieron acompañados en la visita por un representante de la Junta de Distrito.
Guanyar denunció el viernes la situación creada y puso en duda la legalidad de la ampliación, a petición vecinal, del proyecto de asfaltado de calles en la partida del Moralet.
Investigación
El concejal, exresponsable de Urbanismo entre junio de 2015 hasta que el tripartito se rompió en noviembre de 2017, exigió a las áreas de Infraestructuras y de Partidas Rurales «que abran una investigación y pidan explicaciones a las empresas adjudicatarias de las obras de asfaltado de caminos en las partidas rurales». No obstante, su petición se va a quedar, de momento, en nada.
Pavón alertaba de casos, al menos, en las calles Embero (cuyo asfaltado se adjudicó a Tizor, de Enrique Ortiz) y Cedro e Isla de Pascua (asfaltado adjudicado a Involucra).
Desde Ciudadanos también se alertó de posibles irregularidades en la ampliación del asfaltado a petición vecinal. Ayer fue Podemos quien se sumó a las denuncias de residentes «que prefieren mantener el anonimato y que aseguran que los operarios de las empresas vienen ofreciendo a cambio de un pago en negro de entre setecientos y ochocientos euros, según el caso, asfaltar la parte del camino colindante con la fachada de los chalés».
