«Barcala ha naufragado en su intento de quedar bien con Nerea Belmonte». Así resumió la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, lo acontecido ayer en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Alicante, donde se abordó la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para aumentar los derechos de los concejales tránsfugas Fernando Sepulcre y Nerea Belmonte. Los grupos de izquierda hicieron piña en contra de la polémica edil expodemita, expulsada de Guanyar, cuyo voto en blanco en la investidura de abril permitió que el PP recuperase la Alcaldía en la persona de Luis Barcala. Si ese dictamen contrario de la mayoría se repite en el pleno del jueves, como es de esperar, Belmonte seguirá sin sueldo en el Ayuntamiento.
La tránsfuga se mostró decepcionada. Dijo que su propuesta tiene dos partes diferenciadas, una de mejora de derechos de los ediles no adscritos en igualdad de condiciones al resto, cuyo apoyo o no es una decisión política de cada partido. La otra, afirmó, obedece a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «y ahí hay poco margen de maniobra política. O se acata o se va contra la Constitución. Y los grupos han decidido que nuestro reglamento siga vulnerando la Constitución en determinados artículos. Siguen la misma ruta de Cataluña de vulnerar la Constitución».
No solo los grupos que antaño formaron el tripartito vetaron esas mejoras, también Ciudadanos votó en contra de esa reforma del ROP para dotar de más derechos a los tránsfugas, que se quedaron más que solos. En la comisión únicamente se contabilizaron los votos favorables de los propios interesados puesto que el PP apostó por las medias tintas y se abstuvo. Barcala lo justificó diciendo que el equipo de gobierno popular se limitó a respaldar el informe de la Secretaría Municipal «que indica claramente que el reglamento se debe modificar porque se vulneran los derechos constitucionales. A esto es a lo que hemos dado nuestro voto a favor, a nada más. Para dejarlo completamente claro, votamos en contra de los derechos económicos, es decir, del reconocimiento a sueldo», destacó el alcalde, crítico con la falta de coherencia de PSOE, Compromís y Guanyar, «al votar en contra y en bloque una propuesta que ellos impulsaron en su día».
Asistentes a la reunión desvelaron algunos intríngulis, como que el alcalde planteó votar la reforma del ROP punto por punto dando su voto a favor en algunos y contrario en otros. «No quería que se votara en su conjunto, le pilló descolocado y en la votación final se abstuvo. Nerea le miró de forma matadora como diciendo, ¿qué has hecho?». Las mismas fuentes añadieron que tras votar Barcala se marchó de la reunión y que no asistió a la postrior Comisión de Hacienda.
El grupo socialista, el más damnificado por los votos en blanco de los dos tránsfugas en abril ya que perdieron la Alcaldía, fue explícito. Anunció que, como hizo ayer en la comisión, votarán en el Pleno en contra de la reforma del ROP «que ha propuesto Barcala con el único objetivo de favorecer a la tránsfuga que le permitió acceder a la Alcaldía». El PSOE considera que la reforma del ROP es un tema importante que debe abordarse de forma global y teniendo en cuenta más aspectos, «no solo la necesidad de compensar a Nerea Belmonte» Según la portavoz socialista, Eva Montesinos, el único partido con prisa por llevar a cabo esta refoma es el popular porque «parece obvio que la principal prioridad de Barcala es ceder a la voluntad de Belmonte». Los socialistas destacan el desinterés cada vez mayor de la tránsfuga por sus responsabilidades municipales desde que Barcala es alcalde. «Todos hemos comprobado cómo llega tarde a comisiones y plenos, cuando llega».
Yaneth Giraldo, de Ciudadanos, considera que primero se tienen que aclarar las investigaciones judiciales sobre el presunto intento de compra de la tránsfuga, y luego abordar «una reforma global y no puntual» del reglamento del plan.
Desde Compromís, su portavoz, Natxo Bellido, afirma que «Barcala, aunque no se ha atrevido a abrirle la puerta a darle sueldo a Nerea Belmonte, no ha querido quedar mal con ella y opta por abstenerse en el dictamen de la comisión». Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, a la que pertenecía Belmonte cuando se inició la legislatura, afirmó que la edil «amenazó a todos los concejales que voten en contra de sus derechos constitucionales con exigirles algún tipo de responsabilidad y va a pedir un informe municipal».
