Indudablemente, hay que celebrar, y no es ironía, que cuatro años después de haberse inaugurado la macrodesaladora de Torrevieja (350 millones de euros de dinero público), Red Eléctrica anuncie que ya está en disposición de dotar a la planta de la potencia energética suficiente para producir 80 hm3 de agua potable al año, a inyectar en la red de abastecimiento y regadío para paliar, que no solucionar, la falta de caudales que sufre la provincia por la sequía, y la situación en la cabecera del Tajo, que sigue casi agonizando por la pésima gestión del agua que se hace en España. Soporta el 80% de la presión de la población a abastecer, incluida parte de Madrid, con solo el 45% de sus recursos.
Una buena noticia que llegaba, ¿casualidad?, el mismo día en el que por fin, y tras dos semanas de angustia para los agricultores, la ministra para la Transición Ecológica (friki, friki el nombrecito del ministerio señor presidente Pedro Sánchez), Teresa Ribera, se dignaba a publicar en el BOE el último trasvase del Tajo, los 20 hm3 que comenzaron a llegar durante el fin de semana desde el embalse de Bolarque. Hasta ahí todo parecía correcto. Red Eléctrica ha hecho los deberes e, incluso, se puede combinar el agua del Tajo -cuenca que en pleno verano cuenta con 6.000 hm3 pero solo 600 hm3 en Entrepeñas y Buendía- con la desalada en Torrevieja.
Pero no, las cosas no son tan bonitas como el diputado del PSPV Herick Campos -La Generalitat en esto del agua se ha tomado vacaciones en los últimos días de agosto, igualito que la ministra Ribera- quiso pintar al filo del fin de semana.
Pues bien, pásmense. En Alicante, en un caso análogo al de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía, donde carecen de la urgente conexión con el Tajo por la dejadez de los gobiernos regionales que pasan por Toledo, esos que solo gastan sus presupuestos en recursos judiciales en vez de buscar soluciones técnicas, tampoco hay conexión con la desaladora para más de 30.000 agricultores que reciben lo mínimo del Tajo.
La planta de Torrevieja, con un coste, (hay que recordarlo siempre), de 350 millones de euros pagados con el dinero de todos los españoles, los que tienen agua y también los que hacen equilibrios para aprovechar hasta la última gota del escaso recurso, no tiene conexión para abastecer de agua de riego al 80% de los agricultores de la provincia de Alicante, entre ellos los 20.000 comuneros de Riegos de Levante, radicada en Elche, que la compran en la planta de Agua Amarga a 0,80 euros el metro cúbico, una ruina.
Hoy, al mismo tiempo que Red Eléctrica se pone las medallas, Acuamed, la empresa estatal envuelta en varios procesos judiciales, la misma que, presuntamente, pagaba los implantes de pelo en Turquía a alguno de sus altos directivos, solo tiene conectada en la provincia su desaladora con la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la entidad que se encarga de dar agua potable a 54 municipios, entre ellos Alicante, Elche y toda la Vega Baja, que, pásmense de nuevo, desde hace un par de meses han dejado de recibir agua del Taibilla porque la entidad solo la coge del Tajo, seis veces más barata que la desalada. Mientras, los agricultores ni tienen acceso a ella, y los que la tienen (Orihuela y un puñado de comunidades de la margen derecha del río), la rechazan por su contenido en boro, perjudicial, por ejemplo, para los cítricos.
Una desaladora de 350 millones de euros que solo puede dar agua para beber en el sur de la provincia que, como siempre, en lo que se refiere a la agricultura, vuelve a estar en tierra de nadie. Alguien debiera recordárselo a la ministra Ribera, la misma que quiere poner fecha de caducidad a los trasvases y, por lo tanto, apuesta por la solución final. Los agricultores alicantinos no son los Mayas, pero al paso que marcan los sucesivos gobiernos de Madrid, les puede pasar lo mismo. Se quedaron sin agua y desaparecieron, como ha confirmado la comunidad científica en la revista Science este verano. Cien mil empleos están en juego.
