En la última década, la inversión en nuevas depuradoras, una infraestructura vital para los municipios, ha caído a niveles históricos negativos en la Comunidad Valenciana. Además, apenas se ha licitado nueva obra lo que significa que en la actual legislatura, que acabará en 2019, no se podrán poner en marcha nuevas estaciones, con lo que la situación se agravará.
Por ende, la empresa autonómica dedicada al mantenimiento y construcción de instalaciones entró en quiebra hace 5 años al sumar una deuda de 717,4 millones y tras destinarse parte de sus fondos propios a actividades impropias de su cometido. Mientras tanto, la Unión Europea acaba de condenar a España a pagar una multa de 12 millones por la mala depuración de las aguas residuales en 17 zonas. La sanción incluye a la estación de Teulada-Moraira en lo que respecta a la provincia de Alicante, además de Benicarló y Peñíscola, ambas localidades en Castellón, en lo que respecta al resto del territorio autonómico.
Entre 2008 y 2017, la inversión en nuevas depuradoras cayó un 96,6 % al pasar de 96, 423 millones de euros a tan solo 3,271 el año pasado. En los ejercicios anteriores a la crisis de 2008, en los tiempos en los que gobernaba el PP en la Generalitat, se llegó a un récord de inversión en 2006 con 108,1 millones, y se invirtieron 96,4, en 2008 , y 98,8, en 2005. Unas cifras que evidentemente quedan muy lejos.
Y quecontrastan con los ejercicios gestionados ya por el Govern del Botànic. Por ejemplo, en 2016 se invirtieron solo 9,895 millones, y en 2017, 3,271. Respecto a 2015, año de las elecciones autonómicas y del cambio de ejecutivo autonómico, cuando se destinaron 37,697 millones, las inversiones han caído en un 73,8 % y un 66,9 %, respectivamente.
Depuradora de Benidorm
Ahora bien cuáles son los motivos que explican estas cifras que han paralizado la construcción de estaciones depuradoras en la Comunitat Valenciana con Ximo Puig ya como president del Consell y Elena Cebrián como consellera de Agricultura. Según explica el director de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Enrique Lapuente, «en enero de 2016 cuando me hice cargo de la empresa, las estanterías estaban vacías, no había proyectos y no había dinero en caja». «Durante los años del PP -enfatiza- hubo una gestión inadecuada e incluso la Epsar entró en quiebra al acumular unos fondos propios negativos de cerca de 720 millones».
«Los exconsellers José Ramón García Antón y Juan Cotino, -explica este alto cargo-, dedicaron el dinero ingresado por el canon de saneamiento a pagar infraestructuras y facturas que no correspondían a depuración como actuaciones de la Copa del América, el Pabellón de la Comunidad en la Expo de Zaragoza, la modernización de regadíos y la desalobración de agua procedente de las depuradoras Rincón de León y Benidorm».
Un informe de junio de 2016 ya concluyó «el desvío de 189 millones de euros a estas actividades impropias de la Epsar» y alertó del incremento de la carga financiera de la empresa y que la herencia del PP «había comprometido su encomienda» para llevar a cabo las tareas depuración en la Comunidad.
En los dos últimos ejercicios cerrados se han reconducido los números, se ha volteado la contabilidad con superávits y se ha saneado esta sociedad pública. No se ha invertido en nuevas construcciones pero se ha amortizado parte del pasivo con los bancos.
Entre 2014 y 2017 se ha reducido la deuda en 175,6 millones, y se ha situado en 541,8 millones. En 2016 y 2017, Epsar sumó beneficios netos de 157 millones, tras ingresar 552 millones por el canon de saneamiento de ambas anualidades. Sin embargo, el hundimiento histórico de las inversiones preocupa al nuevo equipo del Botànic y también al sector.
«El problema es que en 2016 y 2017 apenas había proyectos en condiciones de ser licitados», señala el gerente. Para comenzar a construir una estación depuradora, relata Lapuente, es necesario que pasen al menos dos años «desde que se plantea, se redacta y aprueba el proyecto, se supervisa e informa por las distintas administraciones implicadas hasta que se saca a licitación y se adjudica». Poner la primera piedra de una depuradora supone un largo proceso administrativo en el que están implicados el ayuntamiento de la localidad más la Epsar, Agricultura, Urbanismo, CHJ o el Ministerio de Medio Ambiente. Estos organismos tienen que supervisar, informar o sancionar cada proyecto. El dinero destinado en 2014 y 2015, tal como muestra el gráfico anexo, 39,1 y 37,6 millones, supuso un repunte dedicado a mejorar y realizar obras de mantenimiento en instalaciones ya existentes «puesto que hubo varios años en los que no se invirtió prácticamente nada en conservación», comenta Enrique Lapuente.
La parálisis descrita se observa en las cifras de licitación de obra nueva. Entre 2011 y 2016 no se ha sacado a concurso prácticamente ningún proyecto, por tanto es imposible que se hayan podido ejecutar del año pasado a aquí. En 2012 y 2014 no se licitó ni un euro. En 2011, apenas 690.000; en 2013, 3,72 millones, y en 2015, 890.000 euros.
El año pasado, subraya Lapuente, se ha vuelto a retomar la actividad con licitaciones por valor de 26,58 millones, pero todas estas obras que se sacan a concurso, se desarrollan y ejecutan en varias anualidades lo que explica que sean necesarios 5 o 6 años para verlas construidas. Por último, las depuradoras de Bétera, Almoradí, Cheste-Chiva y Villena, que han recibido Fondos Feader y que tienen que estar operativas entre 2020 y 2022, también sufrieron esta inactividad de la anterior administración autonómica, finaliza el gerente de la Epsar.
