El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer a España a pagar una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en 17 municipios del país, entre ellos Teulada. También se incluyen en el listado de puntos conflictivos las localidades castellonenses de Peñíscola y Benicarló. Durante el litigio, que arrancó en 2011, Teulada y otras 8 de las 17 sancionadas se han adaptado a la norma, pero la justicia europea ha considerado «pertinente» imponer la multa por la tardanza además de por los 9 municipios que aún no se han adecuado a la normativa de tratamiento del agua residual.
Así, los jueces condenan a España a «abonar una suma de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso», según un comunicado del Tribunal.
La corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas. El Tribunal concluyó entonces que España había incumplido las obligaciones de la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales, por no llevar a cabo ni la recogida ni el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 6 y de 37 aglomeraciones urbanas, respectivamente, con más de 15.000 habitantes.
En 2017 la Comisión presentó un nuevo recurso por incumplimiento contra España, tras constatar que el país seguía sin cumplir la sentencia respecto de 17 de las aglomeraciones urbanas afectadas.
La corte dictaminó ayer que España violó su obligación de cumplir la sentencia de 2011 porque al finalizar el plazo fijado (el 31 de julio de 2013), 17 de las 43 aglomeraciones urbanas seguían sin disponer de los sistemas necesarios. Esos municipios incluían además de Teulada-Moraira, Peñíscola y Benicarló, Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Vigo y Santiago de Compostela.
Los jueces reconocieron ayer «los esfuerzos significativos» de España para reducir el número de municipios no dotados de sistemas colectores y de tratamiento de esas aguas, pero consideraron como «circunstancia agravante» el carácter prolongado de la infracción cometida.
Durante el litigio, España argumentó que ya están también en regla Teulada, Benicarló, Peñíscola, Estepona (San Pedro de Alcántara), Valle de Güímar, Noreste (Valle Guerra), Aguiño-Carreira-Ribeira, Vigo y Santiago de Compostela.
Con todo, los jueces han considerado «pertinente» imponer a España una multa coercitiva y una suma a tanto alzado. Sobre la primera sanción, los jueces justificaron su aplicación por el número de municipios afectados y los muchos procedimientos por incumplimiento contra España y opinaron que es una medida «disuasoria» que evitará que se repitan infracciones similares en el futuro.
Los 11 millones por semestre, según los jueces, deberán abonarse desde ayer y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011.
