Mientras el PSOE busca el amparo de la justicia, el gobierno local del alcalde popular Luis Barcala recula e intenta apagar el fuego creado por una nueva crisis, la segunda, en torno a sus asesores. Ese fue el resultado del nuevo pulso que se vivió ayer tras la decisión inicial del Ayuntamiento de Alicante de adjudicar a Avanza Serveis Integrals de la Terreta, una empresa participada por un cargo de confianza de Barcala, un contrato mayor por valor de 40.000 euros para el mantenimiento de zonas verdes en las dos escuelas infantiles. Tal decisión provocó el pasado jueves la dimisión del asesor en cuestión, Jorge Crespo, de su puesto municipal.
Pero para los socialistas eso no es bastante. Su portavoz, Eva Montesinos, exigió la «dimisión inmediata» del alcalde, y también de la edil del PP, Mari Carmen de España, por su vinculación con ese intento de adjudicación al entender que «incumple la legislación vigente, que impide que un empleado de estas características, con más de un diez por ciento en una sociedad, acceda a un contrato». Y con ese argumento legal, Montesinos anunció que los socialistas presentarán mañana lunes una denuncia ante la Fiscalía para que «sea la justicia la encargada de determinar las consecuencias de lo ocurrido en el Ayuntamiento».
El PSOE arguye que hay motivos para que la denuncia prospere al considerar que el dictamen favorable a esa mercantil se dictó con la participación de De España, que «en ningún momento decidió inhibirse del proceso, ni alertar de lo que estaba sucediendo», por lo que «existía una clara intención de incumplir la ley».
El asesor tira la toalla
Por su parte, fuentes próximas al ejecutivo local aseguraron ayer a este periódico que el empresario Jorge Crespo va a renunciar al concurso y ha asumido «toda la responsabilidad de sus incompatibilidades», por lo que ha trasladado su decisión de apartarse de este proceso. Previsiblemente, el procedimiento de anulación de la preadjudicación que está abierto quedará suspendido con tal renuncia, por lo que el concurso pasará a ser adjudicado a la siguiente empresa que estaba en la lista del concurso.
Crespo explicó que se presentó en una notaría de Alicante para formular su desvinculación de la sociedad Avanza Serveis Integrals de la Terreta, S.L. En ese acto, y tras el oportuno asesoramiento jurídico, redujo su participación en la mencionada sociedad por debajo del 25%, al entender que era el límite legal que dejaba a salvo su trabajo como asesor en el Consistorio al no incurrir en ninguna incompatibilidad. Tras el estallido de la controversia, comprobó que ese porcentaje de participación debería estar por debajo del 10%, lo que le hizo incurrir en incompatibilidad con su puesto de cargo de confianza municipal. Según el empresario «desde el momento en que formulé parte de mi desvinculación de la sociedad Avanza Serveis no he intervenido en ninguno de los procedimientos que han tenido lugar en el Ayuntamiento y que han acabado con la adjudicación a esta sociedad de la contrata de mantenimiento de los jardines en las escuelas infantiles».
En cualquier caso, siguieron las mismas fuentes, «el empresario ha asumido su responsabilidad y el pasado jueves presentó su dimisión como asesor del alcalde de Alicante, asegurando que ninguno de los miembros del equipo de gobierno era conocedor de su vinculación con esa empresa».
Esa última tesis no es compartida por el PSOE: «Nadie puede creerse que De España y Barcala no supiesen lo que estaba pasando, si eso es cierto Barcala no puede seguir siendo alcalde ni un día más, porque demuestra que ha perdido totalmente el control del Ayuntamiento. Parece más probable que ambos, que han formado parte de gobiernos de la época más oscura de Alicante, pensasen que pueden seguir actuando con total impunidad» siguió Montesinos.
El PSOE recordó que Barcala «ha tenido que prescindir en menos de un mes de los dos únicos asesores que tenía contratados a jornada completa, con un sueldo de 2.500 euros al mes» La primera destitución fue en junio la del asesor Miguel Ángel Redondo después de que este diario desvelara que declaró haber cobrado en negro de Ciudadanos y Cruz Roja además de haber recorrido instituciones alicantinas buscando «rehabilitar» la imagen de la edil tránsfuga Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco dio la Alcaldía a Barcala en abril. Los socialistas exigieron a Ciudadanos, «responsable junto a Belmonte de la llegada de Barcala a la Alcaldía, que reaccionen ante la gravedad de los hechos».
Comparación con Echávarri
Montesinos incluso comparó este caso con uno de los avatares judiciales que provocaron la caída del exalcalde socialista Gabriel Echávarri: «Barcala consiguió la Alcaldía denunciando al anterior alcalde por un supuesto fraccionamiento de contratos en el que no había ninguna empresa beneficiada, mientras que él ha incumplido la legislación para intentar adjudicar un contrato municipal a uno de sus asesores», concluyó.
