El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, remitió ayer a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda el documento por el que el Consell se compromete a pagar los 819.000 euros que deben permitir desbloquear el trasvase Júcar-Vinalopó y que la provincia reciba los 6,3 hm³ necesarios para salvar la cosecha de verano, que está valorada en 30 millones de euros, y que puede perderse si no llega agua en los próximos días.
El Consell aporta así la cantidad económica a la que no pueden llegar los regantes y que, por otro lado, supondrá duplicar el precio de un agua que se pagará finalmente a 0,40 euros por m³, cuando hasta ahora, y durante los últimos cuatro años, se había pagado a 0,16-0,18 euros por m³. La intervención de Puig ha sido clave pero todavía falta un fleco por resolver: la convocatoria del consejo de administración de la empresa estatal Acuamed, que debe ser la que apruebe el trasvase, por lo que la sociedad estatal debe convocar el consejo esta misma semana. A medida que pasan los días la situación de las explotaciones agrarias se agrava, y ya han pasado casi dos meses desde que Madrid cerrara el grifo.
Hacienda lo desbloqueó ayer, pero faltaba ultimar la forma de pago de los regantes que tienen que abonar 1,5 millones de euros, casi cuatrocientos mil euros más que lo pactado en los convenios provisionales.
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, y el resto de los regantes afectados aguardan expectantes la llegada de los caudales, pero, por otro lado, también mantienen la demanda en la que reclaman a Acuamed 200 millones de euros por el daño que provoca en la provincia (52.000 hectáreas) carecer del agua de Júcar. Se da circunstancia de que, pese al relevo en el Gobierno, en la empresa pública que sigue gestionando el trasvase trabaja todavía todo el equipo de la exministra de Agricultura, Isabel García-Tejerina, contrario hasta ahora a facilitar ese riego de socorro.
Por otro lado, el PP ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos en defensa del trasvase Tajo-Segura como «una infraestructura estratégica e imprescindible para el presente y futuro de la provincia de Alicante», y para rechazar «cualquier intento de eliminación o reducción».
En el texto, que se debatirá en los 141 municipios de la provincia, se insta al Consell y al Gobierno «a defender el trasvase en su configuración actual», según las normas de explotación acordadas en el memorándum acordado entre la Administración central y la Comunidad Valenciana «por cuanto aportan estabilidad y seguridad jurídica al trasvase».
«No nos vamos a quedar quietos mientras vemos cómo tratan de acabar con uno de los pilares de nuestro presente y futuro», subrayó el coordinador general de los populares alicantinos, Rafael Candela. El PP llama al resto de fuerzas políticas de la provincia de Alicante a «unirse en un mismo frente en defensa del Trasvase Tajo-Segura contra quienes quieren eliminarlo». Rafael Candela entiende que «es un documento al que todos los grupos políticos pueden adherirse». El coordinador general del PP, además, recuerda que «esta moción sigue el espíritu del Pacto Provincial del Agua aprobado el pasado mes de abril por PP, PSPV y Compromís junto con los representantes de las principales entidades de regantes».
