Tres desahucios en muy poco tiempo en Alicante y Elche ponen de manifiesto que el de la vivienda es un problema aún sin resolver. Tanto, que cerca de 3.100 personas en la provincia de Alicante están a la espera de que se les conceda una vivienda en régimen de alquiler social, según datos facilitados por la Conselleria de Vivienda. De ellas 1.212 personas viven en la ciudad de Alicante.
El último desahucio tuvo lugar el pasado jueves en el barrio de Virgen del Remedio. Los afectados, una familia con tres menores que lleva 12 años inscrita en los registros de la conselleria para poder acceder a una vivienda social y pagar un alquiler en función de sus escasos ingresos. Registros que han ido cambiando de nombre con el paso de los años (IVVSA, EIGE, Infohabitatge) sin aportar soluciones a las familias.
«No hay ninguna vivienda disponible en estos momentos para poder ser ocupada», señalaban días atrás desde la Conselleria de Vivienda como respuesta a este último desalojo, añadiendo que hay gente que lleva esperando incluso 15 años. «Hay que tener en cuenta que en mucho tiempo no ha habido política de vivienda», alegan desde el departamento de María José Salvador.
Pese a todo, señalan que en tres años se han resuelto 689 peticiones de familias en situación de vulnerabilidad. También confían en que el próximo convenio que la Generalitat Valenciana firmará con tres entidades bancarias dé un respiro a esta interminable lista de espera. A través de este convenio, que según Vivienda se está ultimando, los bancos ceden al Consell viviendas de su propiedad que se encuentran deshabitadas para que la Generalitat gestione su alquiler, «por lo que se podrá contar con una bolsa de viviendas para su alquiler».
Pero mientras estas soluciones llegan, las familias siguen esperando en el banco de la paciencia sin que en muchas ocasiones la administración se lo ponga fácil. Un ejemplo es lo que está ocurriendo tras la entrada en vigor hace un año de la ley por la Función Social de la Vivienda. Trabajadores sociales critican que a raíz de esta nueva norma a las familias que estaban inscritas en el registro de la Conselleria de Vivienda para acceder a un alquiler social se les está instando a cambiar de registro. Una situación que se da, según critican los trabajadores sociales, en el caso de personas en situación de máxima vulnerabilidad.
Problema en Alicante
En la ciudad de Alicante el problema de la vivienda es especialmente grave, sobre todo en la Zona Norte. Centenares de pisos han sido desalojados en los últimos años por el impago de las hipotecas, quedando su propiedad en manos de los bancos, que en muy pocas ocasiones los recuperan para destinarlos a un alquiler social. Así las cosas, en el último año ha surgido en la ciudad una auténtica red de ocupación ilegal de casas. Pisos que se ocupan y después se realquilan a familias que, bien por desconocimiento o porque no tienen otra salida, pagan a mafias para después convertirse en víctimas de un desahucio. La policía les echa tras la denuncia del banco propietario del piso y en pocos días la vivienda vuelve a estar ocupada de manera irregular. Es la pescadilla que se muerde la cola. «Alicante debe saber el drama que se está viviendo en esta zona de la ciudad, porque es muy desconocido», lamentaba días atrás una persona del ámbito de la Justicia que trabaja habitualmente en casos de desahucios.
También Cáritas pide una solución para este problema y en cierta manera justifica la ocupación de viviendas, «que es algo ilegal, pero que en muchas ocasiones la gente lo hace porque no tiene otra salida», señalaba días atrás Jaime Pérez, presidente saliente de la entidad diocesana durante la presentación de la memoria de Cáritas.
