Nunca en los últimos seis años se habían producido en la provincia tantos desahucios por el impago del alquiler. Ni siquiera en 2013 cuando la crisis aún azotaba con fuerza los cimientos de la economía alicantina y la tasa de paro rozaba el 30%. Así lo reflejan los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, que aseguran que durante el primer trimestre del año los juzgados de la provincia practicaron 545 desalojos con base en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el mayor volumen para un solo trimestre desde que se empezaron a elaborar estas estadísticas en el citado año 2013.
La cifra supone un aumento del 13,7% sobre las que se registraron en el mismo periodo del año pasado y de casi un 33% si la referencia es el primer trimestre de 2016. Un incremento que contrasta con la reducción de los desahucios por el impago de la cuota hipotecaria, que disminuyeron un 22% -hasta situarse en 406 entre los meses de enero y marzo de este año- debido a la paralización de muchos procesos a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado que posibilita la mayoría de los embargos de pisos por parte de la banca.
En cualquier caso, lo que está claro es que el problema social que suponen los desahucios parece trasladarse cada vez más a las familias que viven de alquiler, una tendencia que coincide con la importante subida de precios de las rentas que se ha producido en los últimos tiempos. Basta recordar que sólo en el último año el alquiler medio se ha encarecido más de un 10% en la provincia, según los datos de Idealista, en un contexto en que los salarios siguen estancados y en el que todavía no se ha logrado reducir las importantes bolsas de pobreza que generó la crisis.
Sin embargo, los propietarios no suelen tener en consideración estas circunstancias y solo piensan en que pueden mejorar la rentabilidad que obtienen por su inmueble, especialmente ante el aumento de la demanda que se ha producido. De esta forma, según denuncia una de las portavoces de Obra Social-PAH Celeste Doello, algunas entidades se están negando a renovar los alquileres sociales que concedieron a familias sin recursos a las que embargaron el piso «ya que quieren recuperar el inmueble porque ahora sí pueden venderlo, porque hay mercado».
Del mismo modo, muchos propietarios particulares, incluso en los barrios más humildes, están exigiendo subidas de rentas considerables para renovar el contrato a sus inquilinos, ante la evidencia de que en estos momentos resulta mucho más fácil sustituirlos. El problema es que, al mismo tiempo, aún hay muchas familias con dificultades y con todos o buena parte de sus miembros desempleados que, además, suelen ser parados de larga duración, que tienen muy complicado volver al mercado laboral.
Ni con ayudas
La trabajadora social de Cruz Roja Alicante Sara Sánchez señala que los casos más habituales que llegan a la organización son los de familias con hijos menores donde los progenitores no logran encontrar empleo o inmigrantes en situación irregular «que no pueden acceder a trabajos con contrato ni, por tanto, aportar ninguna nómina que garantice unos ingresos regulares». Algo casi imprescindible ahora que los propietarios pueden escoger a sus inquilinos y que cada vez exigen más requisitos para asegurarse el cobro de la mensualidad.
De hecho, según Sánchez, en estos momentos se están encontrando con situaciones casi surrealistas, donde hay personas que consiguen ayudas de la Administración para sufragar el alquiler pero no encuentran piso porque los propietarios se cierran en banda a arrendárselos.
En cualquier caso, la situación de la provincia todavía dista mucho de la que se da en Madrid o Barcelona, donde incluso familias de clase media y con empleo tienen serias dificultades para encontrar un alojamiento en condiciones.
En Alicante el alquiler medio de un piso de 80 metros cuadrados se sitúa en unos 540 euros, según Idealista. Una cantidad que se eleva hasta los 570 en el caso de la capital, los 600 euros en El Campello o los 700 en Benidorm, donde el turismo distorsiona completamente los precios.
