Los retrasos que ha acumulado el juicio por fraude fiscal al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi ya han servido para que las defensas planteen dilaciones indebidas en el hipotético caso de que se produjera una condena. Sobre el papel, los letrados defienden que los acusados son inocentes y procede la libre absolución.
Aunque el abogado de Alperi, Vicente Grima, presentó ayer ante el juzgado un documento en el que se detallan todos los retrasos que ha acumulado el proceso y anunció que alternativamente planteará que existen dilaciones indebidas.
Ayer en el juicio se terminó con el interrogatorio de todos los testigos y las partes avanzaron que plantearán alguna modificación en sus conclusiones. El fiscal también adelantó que mantendría su petición de nueve años y nueve meses de prisión para el exalcalde por tres delitos de fraude fiscal y otro de cohecho impropio.
El fiscal le acusa de haber defraudado más de 682.000 euros a la Hacienda Pública durante los años 2007, 2008 y 2010; así como por un delito de cohecho impropio por no pagar por el amarre de su catamarán en las instalaciones de Marina Deportiva.
Junto a él se sientan en el banquillo los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno, acusados de colaborar con Alperi en la defraudación a través de negocios simulados y a quienes se solicitan seis y tres años de cárcel respectivamente; así como el gerente de Marina Deportiva, Javier Palacio, por el amarre, y a quien se reclaman nueve meses de prisión. El fiscal no se pronunció ayer sobre las dilaciones indebidas, aunque es previsible que pueda decir algo en el informe que desarrolle hoy.
La Fiscalía de Alicante presentó la denuncia a Alperi en marzo de 2013. La condición de diputado autonómico del exalcalde de Alicante fue lo que determinó la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, al ser aforado. Cuando la instrucción estaba prácticamente acabada, la dimisión de Díaz Alperi en las Cortes, en mayo de 2014, obligó a remitir a Alicante la causa para que cerrara el proceso y lo enviara a juicio.
El presunto fraude fiscal llegó al juzgado de lo Penal número seis de Alicante, uno de los que mayor retrasos acumula en este partido judicial y donde algunas resoluciones han tardado hasta un año en ver la luz tras el juicio. A principios de 2015, el magistrado Eugenio Alarcon planteó a las partes que se pronunciaran sobre si la causa debía devolverse al TSJ para que se juzgara allí. Solo el Abogado del Estado se mostró favorable a remitir la causa a València, mientras que tanto el fiscal como las defensas se mostraron contrarios a la medida.
Tras dos años de inactividad absoluta, el juzgado, en octubre de 2017, envió una exposición razonada al tribunal autonómico planteando que asumiera la competencia para celebrar el juicio. El juez se apoyaba en el criterio adoptado por el Supremo después de que las dimisiones de las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such -ante su juicio por la pieza de Fitur del caso Gürtel- suscitara dudas sobre qué tribunal debía enjuiciar los hechos. Los argumentos del juez fueron rechazados por el TSJ que le devolvió la causa para que celebrara el juicio lo antes posible.
