El 24 de mayo se cumplirán tres años desde que el PP perdiera la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Alicante tras la debacle sufrida en unas elecciones municipales a las que acudió acorralado por los presuntos casos de corrupción que se le habían acumulado en los mandatos de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Una derrota estrepitosa que provocó la huida a Madrid, casi al día siguiente, de la alcaldable, Asunción Sánchez Zaplana -pocos entendieron el cambio de cartel defenestrando a última hora a Miguel Valor-, y que dejaba expedito el camino a un pacto de izquierdas gracias a los 15 concejales que habían obtenido el PSOE (6), Guanyar (6) y Compromís (3), por los 14 del PP (8) y Ciudadanos (6). Acuerdo que daba con los huesos de los populares en la oposición y abría el camino a una legislatura progresista, pero que desde el principio se vio que tenía una hoja de ruta complicada.
El candidato del PSOE, Gabriel Echávarri, con un personalidad peculiar y muy poca sintonía con sus compañeros de viaje, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) y Natxo Bellido (Compromís), decidía taparse la nariz y firmar un tripartito por el que nadie dio un euro desde el principio y, casi tres años después, los hechos han dado la razón. Del Caso Gürtel, que llevó a los infiernos al PP en 2015 -Gabriel Echávarri tomó posesión el 13 de junio de 2015- se pasa ahora a la «reconquista empieza por el sur» (Isabel Bonig, líder de los populares valencianos dixit), con el popular Luis Barcala -diecinueve en la lista de Sonia Castedo en las elecciones de 2011- como nuevo alcalde desde ayer, 19 de abril de 2018-.
Barcala se encuentra con la Alcaldía de regalo y con un año difícil por delante en el que tendrá que convencer a los alicantinos que se puede confiar en él para seguir llevando la vara en junio de 2019.
¿Qué he hecho yo?
La pregunta puede servir tanto para Gabriel Echávarri -progresista pero sin mano izquierda- como para el propio Luis Barcala, (primer alcalde desde Lassaletta que ha nacido en Alicante), al que un caso de corrupción administrativa (procesamiento de Echávarri por el fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento el 7 de marzo de 2017), y otro de nepotismo a la inversa (nuevo procesamiento el 21 de marzo de este año al exalcalde por el despido de una funcionaria, que resultó ser la cuñada de Barcala) le aupan a la cresta de la ola. Poco más ha hecho la, desde ayer, primera autoridad de la ciudad, favorecido por los desencuentros en un tripartito que hizo aguas desde el primer día. Prácticamente desde que Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar, azote de Castedo en la oposición, se quedó con la Concejalía de Urbanismo y bloqueó el día a día de la ciudad por su exceso de celo, su afán proteccionista y el recelo ante todo lo que oliera a ladrillo.
Veladores y paseo litoral
Con los ediles de Compromís ausentes al estar recien aterrizados a la vida municipal y con Urbanismo en manos de Guanyar, pronto llegaron los roces en el tripartito. Prácticamente desde que al alcalde Echávarri presentó el proyecto del paseo litoral más grande de Europa, que Miguel Ángel Pavón bloqueó desde el primer minuto. Pero el gran encontronazo llegaría ya en el otoño de 2015 cuando Pavón decidió poner coto a la expansión de cafeterías y terrazas en el centro de la ciudad. El superpopular «tardeo», que había impulsado el PP, pero que en muchas zonas crecía descontrolado y cuyo líder era un hombre de la absoluta confianza de Gabriel Echávarri, Lalo Díez, que acabaría convirtiéndose en su jefe de gabinete, y cayendo junto al alcalde por el caso del fraccionamiento de contratos para campañas de publicidad. Echávarri y Pavón fueron incapaces de ponerse de acuerdo y buscar una solución común. Todo lo contrario, las posturas se fueron distanciando y la herida nunca se cerró. Guanyar había sido, curiosamente, la primera formación del tripartito que tuvo su propio «caso de fraccionamiento de contratos» de la mano de la hoy edil tránsfuga Belmonte. Nunca llegó a los juzgados, pero acabó con la edil expulsada de Guanyar, sin sueldo y repudiada por la formación de Pavón. Ayer, la venganza fue terrible.
El conflicto de los graneles
Con Compromís permanentemente de perfil -Natxo Bellido sólo explotó a raiz de los procesamientos por el fraccionamiento de los contratos y el despido de la cuñada de Barcala- otra herida sin cura se abrió con la bronca del entonces vicealcalde Pavón con los estibadores del Puerto por el conflicto del movimiento de graneles. Pavón se puso desde el principio a favor de los vecinos y llegó a decretar el cierre de la operativa. Echávarri optó por lo contrario, defendió a los trabajadores e, incluso, miró hacia otro lado cuando Pavón estuvo a punto de ser agredido tras un consejo del Puerto.
Cacicada con una funcionaria
Los meses pasaban, la tensión no se reducía y al final ya nadie se esforzaba por tratar de disimular lo que en la ciudad era un clamor. En el tripartito no se soportan. Pese a que se mantenía el acuerdo de gobierno los dos socios del PSOE casi hacían más oposición que el propio PP municipal, dirigido por un Barcala que había optado por la postura más fácil. Que se maten, aunque tampoco desaprovechaba ocasión para fustigar a un alcalde poco receptivo a las críticas. La gota que colmó el vaso llegaría el 20 de abril de 2017, justo hoy hace un año, cuando el alcalde despidió a una funcionaria interina, cuñada de Barcala, justo dos días después de que el PP denunciara al primer edil por el fraccionamiento de los contratos. El propio alcalde admitió en las redes sociales (cuánto daño le han hecho sus reacciones descontroladas) que pese a estar prevista la reorganización de los puestos de trabajo era una venganza personal. Craso error, porque el juez obligó a readmitir a la funcionaria y, además, Echávarri acabó procesado. La vida no fue igual desde entonces. Compromís dejó de mirar a otro lado y el tripartito acabó saltando por los aires, el PSOE en cuadro y con Echávarri abocado a una dimisión que se consumó el pasado 9 de abril. Diez días después su candidata, Eva Montesinos, no fue capaz ayer de reunir los 15 votos. Cruel final de mandato.
