"Ni la Fiscalía depende del Gobierno, ni puede defender ni proteger otros intereses distintos de los que la Constitución le encomienda, es decir, el interés público tutelado por la ley, la defensa de los derechos de los ciudadanos, la legalidad y el interés social; y siempre bajo el principio de imparcialidad". De esta forma ha respondido la Junta de la Fiscalía Provincial a las recientes declaraciones del exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en las que acusaba a la Fiscalía de ser "un órgano jerarquizado dependiente del Gobierno" y dejaba entrever que actuaba en beneficio de los intereses del Partido Popular.

Estas críticas fueron abordadas en la reunión de la junta de fiscales celebrada ayer tarde en la Audiencia, donde se acordó un comunicado para evitar esa "falsa imagen" que pueda transmitir una autoridad sobre el Ministerio Fiscal. Además de recordar que la Fiscalía no depende del Gobierno, resaltan en el comunicado que "es público y notorio que en esta provincia y en esta misma ciudad se han seguido y se siguen procedimientos penales a instancias de la Fiscalía contra cargos públicos de diferentes partidos políticos".

Asimismo, señalan que los informes realizados hasta el momento por los fiscales encargados de los casos seguidos contra Echàvarri "han sido plenamente acogidos por las resoluciones judiciales, posición que también respalda esta Junta".

El comunicado de la junta de fiscales también recuerda que el Consejo Fiscal ya reprobó "palabras de algún otro político imputado" al considerarlas una "inapropiada reacción que pretende interferir en una investigación criminal", en referencia a las acusaciones realizadas por el alcalde de San Fulgencio en 2016 contra el fiscal anticorrupción Pablo Romero. El Consejo Fiscal ya señaló a finales de 2016 que "los cargos de representación pública deberían ser especialmente cuidadosos en sus manifestaciones". Además precisó que "a veces su defensa personal torpemente se basa en intentos de descalificar a los fiscales, tratando de involucrar a quienes son defensores de la legalidad en pugnas de naturaleza política como si en ese ámbito se desarrollase su intervención. Nada más lejos de la realidad, aunque tal clase de reacción no constituya una sorpresa".

Para dejar claro que la Fiscalía no depende del Gobierno y sólo defiende la legalidad, la Junta de la Fiscalía Provincial de Alicante recuerda que según la Ley 50/1981 el Ministerio Fiscal es un órgano con personalidad jurídica propia que se integra con autonomía funcional en el Poder Judicial". Añade que el Gobierno "propone el nombramiento de fiscal general pero oído el Consejo General del Poder Judicial y previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y dicho fiscal sólo puede ser cesado por causas legalmente previstas".

Los fiscales alicantinos indican asimismo que "la ley sólo permite que el Gobierno pueda `interesar del fiscal general del Estado las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público´, pero en ese caso corresponde a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo pronunciarse sobre `la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas".

En el mismo sentido de defender su independencia del Gobierno, manifiestan en el comunicado que pese al principio de jerarquía interna por el que "se rige la Fiscalía, que está ligado al de unidad de actuación, la ley prevé mecanismos para que los fiscales puedan expresar la discrepancia con instrucciones que pudieran recibir que considerasen contrarias a las leyes o improcedentes y pedir que se les releve de responsabilidad en estos casos".