Casi dos mil familias están esperando una vivienda social en la provincia. La mayoría de ellas están gestionadas por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), el antiguo IVVSA, dependiente de la Generalitat. Además, el Patronato Municipal de la Vivienda dependiente del Ayuntamiento, cuenta con alrededor de setecientas cincuenta viviendas sociales en régimen de arrendamiento. Las listas de espera sin embargo superan la oferta del Patronato de pisos libres.
Por su parte, la Generalitat gestiona casi 5.500 viviendas públicas en la provincia para atender la demanda social y dar soluciones habitacionales o ayudas económicas, según las circunstancias económico-familiares. Del total, 2.910 están cedidas en alquiler social y 1.858 en venta con pago aplazado, 540 están en proceso de regularización y 164 están vacías o en distintos procesos de rehabilitación.
Desde mayo de 2015 se han adjudicado 137 viviendas sociales a diferentes familias, muchas de ellas que habían perdido su vivienda habitual como consecuencia de un desahucio por falta del pago de hipoteca y también a víctimas de violencia de género.
Además, la conselleria ha reparado otras 120 casas y los técnicos están valorando casi setenta pisos para su próxima rehabilitación. La demanda, sin embargo, es superior al número de viviendas que se pueden conceder según la administración ya que, en muchos casos, los pisos no están habitables y hay que reformarlos antes de la entrega.
