El presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, pidió ayer al gobierno municipal de Alicante, dirigido por Gabriel Echávarri e integrado por sólo seis concejales socialistas, «explicaciones» sobre el dispositivo de grabación que estaba oculto en los bajos de un armario ubicado en el despacho de la Concejalía de Urbanismo y que se descubrió hace casi dos meses tras un «barrido» que ordenó la actual edil del área, la socialista Eva Montesinos, tras sufrir problemas por interferencias en las llamadas por móvil. Tras el hallazgo, el gobierno local decidió silenciar el asunto para, supuestamente, «no deteriorar aún más la imagen de la ciudad». Este diario desveló el pasado domingo el descubrimiento del dispositivo oculto en las nuevas instalaciones de la Concejalía de Urbanismo, que se trasladó al actual edificio desde el antiguo Palas hace un año.
Puig, en un acto en València, defendió ayer que «el Ayuntamiento de Alicante tiene toda la autonomía para hacer aquello que estime oportuno», aunque puntualizó que «evidentemente lo que se tienen que dar siempre son las explicaciones y que los ciudadanos tengan la máxima información». El líder del PSPV abogó por aportar al asunto la «máxima transparencia» para «buscar si ha habido algún tipo de delito o si no lo ha habido», después de que el gobierno municipal de Alicante, formado por sólo 6 de los 29 concejales del pleno, decidiera no interponer una denuncia, alegando que un «alto cargo y un responsable de la Unidad Tecnológica» de la Policía Nacional concluyeron, un día después del hallazgo en Urbanismo, que el dispositivo, por sí mismo, «no era constitutivo de delito porque no tenía capacidad de grabación». Montesinos, en una comparecencia en el despacho en el que se encontró el aparato, señaló ayer que, según le explicaron cargos policiales, se trataba de un «dispositivo de autograbación, de corto alcance, sin wifi y, por tanto, de consumo interno». La edil, además, agregó que la pila «aún estaba funcionando» cuando se encontró a mediados del pasado mes de enero. Con todo, Montesinos descartó ayer entrar en «conjeturas» al ser preguntada por si los indicios que manejaba, tras conversar con mandos de la Policía, apuntaban a una presunta implicación de su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Tampoco entró en materia al ser cuestionada sobre por qué no informó a su predecesor al descubrir el dispositivo: «Decidimos que era mejor preservar la imagen de la ciudad, ya que las grabaciones no eran de espionaje, sino internas».
Antes de que Montesinos abriera su despacho dos meses después de hallar el dispositivo para mostrarlo por primera vez y explicar dónde se encontró tras una inspección realizada por el jefe de Seguridad de Alcaldía y una empresa externa, Pavón acudió a la Comisaría para denunciar los hechos ante la Policía, mientras que Natxo Bellido, portavoz de Compromís y también exsocio de gobierno, se dirigió a la Fiscalía. El exconcejal de Urbanismo y líder de Guanyar aseguró que se sentía «afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales» y se desmarcó de cualquier relación con el artilugio encontrado en su antiguo despacho. Pavón, por otro lado, no ocultó su enfado ante la actitud del gobierno del PSOE al ocultar el hallazgo: «Se me tenía que haber comunicado inmediatamente, después hacerlo público y denunciarlo ante la Policía para esclarecer lo que ha sucedido», añadió Pavón, quien no descartó que su teléfono además haya sido intervenido: «Puede que me hayan pinchado el teléfono, en esta ciudad no se puede descartar nada por todos los intereses del urbanismo». El portavoz de Guanyar reclamó ayer a Echávarri toda la información relativa al proceso de barrido realizado en Urbanismo a mediados del pasado enero, dos meses después de que Pavón abandonara su despacho ubicado en el ático de unas instalaciones estrenadas hace poco más de un año tras el traslado desde el antiguo hotel Palas. El exedil de Urbanismo dejó el despacho en noviembre al renunciar a sus competencias por la negativa del alcalde a dimitir, lo que provocó la ruptura del tripartito.
Por su parte, el portavoz de Compromís, a las puertas de Fiscalía, consideró ayer que los hechos destapados por este diario sobre posibles grabaciones «podrían ser constitutivos de delito por atentar contra las reglas más básicas del comportamiento democrático». A Bellido, el asunto le parece lo «suficientemente grave para que desde el primer minuto se hubiese actuado con la contundencia con la que no se ha actuado», ya que, añadió ayer, los problemas no se arreglan «tapándolos» sino que «deben salir a la luz».
