El Ministerio de Agricultura no tiene previsto activar la desaladora de Mutxamel hasta 2019 debido a que falta todavía por construir un depósito regulador anexo de 40.000 metros cúbicos para complementar una infraestructura cerrada en plena sequía, y que sólo se ha utilizado una vez desde que se terminó. Según revela el Gobierno en una respuesta al senador de Compromís Carles Mulet, la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha redactado el proyecto de construcción del depósito anexo a la planta que se encuentra en fase de tramitación. Se prevé que la licitación de las obras se realice a finales de 2018, cuando se espera que haya ya partidas presupuestarias. Agricultura sufre, de esta forma, los problemas que tienen otros ministerios como el de Fomento, que tiene varias obras pendientes debido a la poca liquidez debido a que trabaja con unos presupuestos prorrogados.
Los regantes que reciben agua del trasvase Tajo-Segura habían exigido en diciembre incorporar la desaladora de Mutxamel (parada tras una inversión de 93 millones de euros) al conjunto de medidas puestas en marcha para tratar de mitigar los graves efectos que está provocando la sequía en el sector agrícola de Alicante y Murcia. El cierre del trasvase el pasado mayo ha llevado a los agricultores a una situación agónica hasta el punto de que se estima que son necesarios 60 hm3 de agua para poder salvar 44 millones de árboles frutales, por lo que siguen insistiendo en la urgencia de un trasvase extraordinario. Las lluvias han pasado de largo del embalses de cabecera del Tajo-Segura, Entrepeñas y Buendía, que esta semana almacenan 235 hm3 (430 hm3 el mismo mes de 2017), por lo que se encuentran a 165 hm3 del nivel de reserva a partir de la que se podría volver a enviar agua a Alicante y Murcia.
La desaladora de Mutxamel se encuentra inmersa en un entramado legal complicado ya que forma parte de la «solución trasvase Júcar-Vinalopó», y permanece parada porque no se ha firmado el convenio que regule los usos del agua relativos al trasvase.En diciembre se cumplieron dos años desde que comenzaran las negociaciones para llegar a un convenio que sigue sin concretarse, pese a que en las últimas se hayan producido ligeros avances.
La capacidad de producción de la planta de Mutxamel es de 18 hm3 al año y sólo se ha recurrido a ella en una ocasión, hace dos años, cuando hubo que enviar 5 hm3 a Benidorm para evitar cortes de agua. Una planta que, por otro lado, parece maldita desde que también perdiera protagonismo al anularse el Plan Rabasa.
De hecho, la infraestructura era clave para abastecer a los 45.000 nuevos vecinos de ese macroproyecto urbanístico que acabó en fiasco. Hoy, sin embargo, los agricultores le quieren sacar partido, como sucederá a partir de mediados de este con la de Torrevieja, para lo cual el Ministerio tiene prevista una partida de 4,3 millones de euros para subvencionar el agua para riego.
Por otro lado, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla trasladó a finales del año pasado a los ayuntamientos a los que suministra agua potable que el precio del agua desalada es mucho mayor que del trasvase del Tajo y anunció un incremento de las tarifas a los ayuntamientos a lo largo de este año.
Posible revisión
La Mancomunidad ha podido contrarrestar hasta ahora el sobrecoste de funcionamiento de los canales gracias a una inyección de 11 millones de euros del Ministerio para unas obras de emergencia en el suministro. El agua desalada le cuesta al Taibilla 0,40 euros el metro cúbico -cuatro veces más que la del Tajo-, por lo que todo apunta a una revisión de los precios al alza este año que viene para aplicar a los 34 municipios de la provincia que reciben agua potable de la Mancomunidad. Alicante, Elche, Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, San Vicente y toda la Vega Baja. Además, tras el cierre del trasvase del Tajo el pasado mayo y el bajón de las reservas propias, el caudal de agua desalada del Taibilla el 60% del total que distribuye. Con todo, el abastecimiento urbano está asegurado.
