La Cámara de Comercio de Alicante se ha sumado a la cruzada puesta en marcha por los regantes para asegurar el suministro hídrico de la agricultura con un manifiesto en el que los empresarios exigen al Gobierno que active la interconexión de las cuencas y promueva un Pacto Nacional del Agua para acabar de una vez por todas con un problema que afecta al futuro de la provincia de Alicante y que, según la Cámara, es ahora mismo la mayor amenaza para el futuro económico y social. El sector agroalimentario en la Comunidad Valenciana representa el 20% de las exportaciones, el 8% del empleo directo y el 6% del PIB, y en la provincia de Alicante, el valor de las exportaciones de productos agrícolas y hortofrutícolas supera los 950 millones de euros, «representando el 26% de nuestras exportaciones», según el manifiesto hecho público ayer por la Cámara.
El problema del agua afecta a toda la provincia, principalmente a la comarca de la Vega Baja, que representa el 50% de la renta agraria. En este sentido, la dependencia con el acueducto Tajo-Segura es directa e inmediata. Del agua del Tajo depende la actividad de 26.000 regantes en Alicante, 19 millones de árboles frutales, 57.439 hectáreas de cultivo, 18.450 empleos directos y 7.500 puestos de trabajo que la agricultura proporciona en otros sectores.
El problema esencial en la provincia de Alicante es la falta de lluvias. «Tenemos una demanda media de recursos hídricos en torno a los 1.300 hm3 y somos capaces de generar, en un año con precipitaciones medias, alrededor de 655 hm3 de recursos propios. En consecuencia, tenemos un déficit estructural y permanente que oscila entre los - 300/600 hectómetros cúbicos cada año», recordó ayer la Cámara en su manifiesto.
Los empresarios reclaman en su manifiesto «nuestro derecho al agua y manifestar expresamente la preocupación y crítica por la ausencia de iniciativas políticas encaminadas a resolver, o al menos, paliar, el grave problema de sequía y estrés hídrico que padece Alicante». La falta de agua es, reiteró la Cámara, la mayor amenaza para el futuro de la provincia de Alicante. «Tenemos derecho a exigir que se nos garantice la seguridad hídrica, la seguridad en el suministro de caudales de una forma eficiente, equitativa y sostenible para asegurar nuestro futuro».
La Cámara denuncia la falta de gestión y gobernanza del agua y exige solidaridad al resto del Estado y también dentro de la Comunidad Valenciana. «Corresponde al Estado, en aplicación del artículo 149 de la Constitución Española, ordenar toda esta problemática y asegurar una distribución equitativa de los recursos y aprovechamientos hídricos disponibles en el Estado español», asevera.
En definitiva, medidas a medio y largo plazo y, en concreto, que se negocie y elabore un Pacto de Estado que incorpore un Plan de infraestructuras hidráulicas integral que estructure todos los recursos.
«Necesitamos un plan de infraestructuras hidráulicas con interconexión de todas las cuencas, que se trabaje en obras nuevas que sirvan para canalizar las aguas superficiales, que apueste por la depuración y la desalación (complemento para suministro urbano), que se potencie la reutilización de los recursos disponibles, que se eduque en el ahorro de agua y se optimicen los aprovechamientos subterráneos. Además, es urgente regular la cesión de caudal de otras comunidades por el Tajo- Segura e incluso de la demarcación hidrográfica del Júcar, avanzando en la modernización de regadíos», subrayó la Cámara en su escrito.
