El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el jefe de gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor del área de Comercio, Pedro de Gea, han sido citados como investigados (término que sustituye a la figura del imputado) ante la juez para dar cuenta del presunto fraccionamiento de contratos de la concejalía de Comercio, según confirmaron a este diario fuentes cercanas al caso.
Los tres deberán comparecer el próximo viernes ante el juzgado, junto con otros tres testigos más que han sido citados para el mismo día , el interventor municipal Francisco Guardiola, el técnico Diego Agulló y el portavoz del gobierno local, Natxo Bellido (Compromís) que declararán antes de los investigados.
La magistrada María Luisa Carrascosa ha tomado declaración esta mañana a los representantes municipales del PP y Ciudadanos que presentaron la denuncia, Luis Barcala y Yaneth Giraldo. En la comparecencia ha estado también la Fiscalía Anticorrupción que ha remitido la investigación que tenía abierta al juzgado para que continúen allí las pesquisas. Los dos representantes municipales se han ratificado en los términos de la denuncia. Mientras que el PP, ya se ha personado como acusación particular, Ciudadanos deja la actuación penal en manos del fiscal.
Fraccionamiento de contratos
Los hechos arrancaron el 4 de abril después de que el interventor del Ayuntamiento alertara de posibles irregularidades en el modo en que se habían tramitado las facturas de distintas campañas publicitarias del área de Comercio y que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros.
Las facturas habían sido agrupadas en tres bloques, como adjudicaciones menores y por importes inferiores a 18.000 euros. Ante los reparos de la intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu para que emitiera un informe a fin de determinar si el Ayuntamiento había actuado correctamente.
El portavoz del PP Luis Barcala acudió en un primer momento a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar estos hechos, que llegó a abrir diligencias de investigación. Sin embargo, el pasado verano presentó una nueva denuncia directamente ante el juzgado. Como la magistrada ha decidido continuar con el procedimiento, esta investigación deberá cerrarse para seguir directamente en el órgano judicial.
El grupo municipal de Ciudadanos también acudió esta semana a los juzgados, al igual que hizo el PP a finales de julio, para denunciar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por estos hechos. En concreto, por la gestión de contratos por un valor total de 190.000 euros, que se adjudicaron a finales del pasado año mientras el dirigente socialista estaba al frente de Comercio, una responsabilidad que delegó en la también socialista Gloria Vara tras estallar la polémica por el fraccionamiento de contratos.
La denuncia presentada por Ciudadanos va más allá de la interpuesta por el PP, porque además también pone sobre la mesa presuntos delitos de usurpación de funciones y falsedad documental en relación a la firma de contratos por parte de personal de confianza sin la existencia de un decreto de delegación de funciones. "Hemos presentado la denuncia contra Gabriel Echávarri, Eduardo [Lalo] Díez y Pedro de Gea por presuntos delitos de prevaricación, usurpación de funciones y falsedad documental. Nosotros convocamos una comisión de investigación, suponiendo que un ayuntamiento que abandera la transparencia no iba a poner problemas. A raíz de las comparecencias que hubo, creemos que es necesario dilucidar responsabilidades judiciales, además de las políticas", señalaba Giraldo a las puertas de los juzgados de Benalúa.
La portavoz municipal de Ciudadanos, además, ha justificado que su formación haya presentado una denuncia al margen de la ya interpuesta en julio por el otro grupo de la oposición en Alicante, el PP. "Las razones que nosotros exponemos creemos que son completamente diferentes a las del PP, ya que nosotros tenemos una información más completa después de lo sucedido en la comisión de investigación . Ya serán los jueces los que estimen si tienen que juntar ambas denuncias o no", apuntaba Giraldo.
