El proyecto para acabar con las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad en la ciudad de Alicante ha acabado con el PP exigiendo la dimisión del concejal de Movilidad, el socialista Fernando Marcos, «por ocultar presuntamente mediante un convenio de 56.000 euros» lo que los populares consideran que «puede ser un contrato de servicios encubierto para llevar a cabo un trabajo de diagnóstico sobre la accesibilidad del entorno urbano de Alicante y la elaboración de propuestas globales de remodelación urbana».
En una rueda de prensa, el edil popular Israel Cortés explicó ayer que la concejalía que dirige Marcos ha requerido la devolución de la subvención concedida el pasado año a la asociación Alicante Accesible después de que técnicos municipales detectasen irregularidades en la puesta en práctica del convenio de colaboración suscrito entre la entidad sin ánimo de lucro y el Ayuntamiento. En concreto, los técnicos se refieren a que Alicante Accesible contrató los servicios de un profesional independiente para la prestación del servicio, es decir, «subcontrató la ejecución de una parte fundamental de la actividad subvencionada», lo que está prohibido por la Ley de Subvenciones. La entidad alicantina alega que «se contrató como autónomo al entonces vicepresidente de la entidad ya que el Ayuntamiento no empezó a pagar la subvención hasta junio, por lo que no podía estar a sueldo de la asociación». Los técnicos municipales añaden que la coordinación del convenio es «inherente» al desarrollo del proyecto, ya que «la realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario». En el informe técnico se incluye una amplia relación de documentos presentados por Alicante Accesible que no justificarían el cobro de la subvención de 56.000 euros.
Los populares, por su parte, insisten en que el concejal Fernando Marcos «debería haber sacado a concurso la realización de estos trabajos por ser de un valor superior a los 18.000 de un contrato menor, y no recurrir a la vía de la subvención», a la vez que subrayan que el convenio es «muy diferente a otros suscritos» por el Ayuntamiento. «En primer lugar, porque entre los cerca de 60 convenios vigentes suscritos entre el Ayuntamiento y entidades no hay ninguno que incluya una financiación tan elevada, pero además hay una cláusula [la undécima] que resulta muy reveladora e inusual, ya que todos los trabajos e informes realizados por Alicante Accesible al amparo de este convenio serán de propiedad del Ayuntamiento de Alicante», recalcó ayer el edil popular, quien anunció que pedirán toda la documentación relativa al convenio antes de tomar una decisión, que no aclaró si puede ser acudir a los juzgados. Eso sí, el concejal Cortés aseguró que el alcalde, Gabriel Echávarri, no tiene «autoridad moral para pedir explicaciones a su concejal», en alusión al presunto fraccionamiento de facturas en la Concejalía de Comercio que dirige el propio regidor del PSOE.
Por su parte, el edil Fernando Marcos, responsable del área de Movilidad, aseguró ayer que la subvención a la asociación Alicante Accesibles es «legal y está fiscalizada tanto por Intervención como por el Ayuntamiento de Alicante». «El expediente es impecable. El PP tiene una forma miserable de hacer política. ¿Por qué no alegó al presupuesto si no estaban de acuerdo con este convenio? Nosotros hacemos política social y eso es lo que no entienden en el PP», concluyó ayer Marcos a través de un comunicado de prensa.
