La defensa de Miguel López no quiere que se vuelva a disparar un arma en Novocar, el establecimiento propiedad de la familia Sala que regenta su cliente y en el que fue asesinada su suegra de dos tiros en la cabeza. El abogado del yerno de la víctima ha renunciado a que se practique esta diligencia, que había solicitado con la pretensión de que se reprodujera tanto el ruido como los fogonazos que provocaron las detonaciones que acabaron con la vida de María del Carmen Martínez para comprobar si pudieron ser detectados por el personal del establecimiento (que han declarado no haber visto ni oído nada) o por alguien que pasara por las inmediaciones.
La prueba estaba prevista para el pasado día 7, cuando se desarrollaron las dos inspecciones oculares acordadas por el magistrado José Luis de la Fuente, instructor del caso, pero no se pudo realizar al no disponer del material adecuado para llevarla a cabo en condiciones.
Una vez que hace unos días la Comisaría General de Policía Científica puso en conocimiento del juez que ya disponía de ese material, el magistrado dio traslado de ello a las partes para que se pronunciaran al respecto.
El lunes, el mismo día que Miguel López salía en libertad después de 39 encarcelado previo pago de una fianza de 150.000 euros, su letrado renunciaba a la práctica de una prueba con la que, por contra, ha mostrado su conformidad la acusación particular que representa a Vicente Sala, hijo mayor de la víctima y cuñado del sospechoso.
En un escrito que ya obra en poder del juez, el representante legal del primogénito muestra su acuerdo con que se practique esta prueba y «cualquier otra solicitada en forma» que «pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la sanción penal del autor del asesinato de la madre de nuestro representado, pues esa es la finalidad perseguida por esta acusación particular».
«Obstáculo humano»
Esta parte entiende, según recoge el escrito, que el ruido y los fogonazos, «al igual que la colocación del vehículo (en el que fue tiroteada la víctima) en el lavadero el lunes anterior al día de los hechos, constituyen aspectos fácticos de fácil ensayo y comprobación previa por el autor durante el periodo transcurrido entre la ideación del delito y su efectiva comprobación». La acusación sitúa ese primer momento el día de la junta de accionistas (el 19 de septiembre de 2016) en que la víctima, haciendo uso de la acción privilegiada, «se erigió en un obstáculo humano y, jurídico, a la pretensión del investigado de que su esposa y las hermanas de ésta ostentaran el control de las empresas Samar y Compañía Española de Resinas», el grueso de entramado empresarial familiar. Es en ese momento, según mantiene esta parte, cuando el sospechoso «visualizó que mientras viviera María del Carmen Martínez el control de las empresas citadas seguiría, conforme a la voluntad testamentaria, en manos de ella y de su hijo Vicente Sala».
El letrado ha aportado al juez el acta de aquella junta en la que se suprimió el consejo de administración de las mercantiles, se nombró al hijo administrador único, se destituyó a la mujer de Miguel López y sus hermanas y se rechazó una propuesta de éstas para repartir más 1,5 millones en dividendos. A dicha junta asistió el investigado en representación de sus hijos quien «sistemáticamente votó en contra del votó en contra del voto de la víctima», precisa el escrito.
