Los indicios contra Miguel López por el asesinato de su suegra se mantienen pero tampoco han aparecido nuevos elementos que refuercen la acusación contra él por lo que es factible, aplicando un principio de proporcionalidad, acordar medidas alternativas a la prisión, donde ha permanecido 39 días y de la que salió ayer por la tarde para dirigirse a la finca donde tiene su residencia junto al resto de sus cuñados, entre ellos Vicente Sala, que ejerce la acusación particular. De esta base parte el magistrado José Luis de la Fuente en el auto en el que se le concede la libertad previo pago de una fianza de 150.000 euros, que su mujer, e hija menor de la víctima, abonó mediante transferencia bancaria en apenas una hora.
El magistrado descarta que haya elementos que justifiquen la situación de prisión por el peligro de que el investigado vuelva a delinquir y sostiene que existen otras medidas menos restrictivas que la cárcel para garantizar que no se pueda manipular a los testigos o que huya del país. En el auto se precisa que la investigación se encuentra a la espera de recibir informes periciales o de carácter técnico, cuya dilación temporal resulta difícil de estimar. Por todo ello, se considera que la libertad bajo fianza se adopta por un criterio de proporcionalidad de las medidas limitativas del derecho fundamental de la libertad personal.
Miguel López fue detenido el pasado 8 de febrero como presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. La mujer recibió dos tiros en la cabeza cuando recogía su coche en las instalaciones de Novocar, empresa regentada por el sospechoso y perteneciente al grupo familiar, la tarde del 9 de diciembre de 2016.
Salvo «matices»
El juez José Luis de la Fuente señala que no comparte las alegaciones de la defensa, José Antonio García, sobre el resultado de los interrogatorios y subraya que los cerca de treinta testigos que han pasado durante estos días por el juzgado han ratificado en líneas generales y salvo algún «matiz» lo que ya dijeron ante la Policía.
El magistrado entiende que se mantiene la existencia de un móvil económico, la elección y control del escenario del crimen por Miguel López para asegurarse que se quedaba a solas con la víctima, la experiencia de éste en el manejo de armas de fuego y las incongruencias y lagunas en su declaración en los momentos inmediatamente posteriores al asesinato, hechos que motivaron su detención.
Mientras concluye la investigación, el juez ha acordado varias medidas encaminadas a que el acusado no pueda huir o tratar de influir en los testigos. Por ese motivo, se acuerda una orden de alejamiento que le impida acceder a Novocar a fin de evitar supuestas presiones hacia los empleados que pudieran hacer que cambiaran sus declaraciones. También se la ha retirado el pasaporte, se le ha prohibido salir del país y deberá comparecer todos los lunes ante el juzgado, así como cuantas veces sea requerido.
En el auto se considera de «escasa consistencia» las afirmaciones de la defensa de que existía un intento para recomponer la situación familiar y societaria. El juez señala que es «innegable» que la junta celebrada el 19 de septiembre de 2016 en las que se cesó del consejo de administración a las tres hijas de la fallecida para nombrar presidente al primogénito de la familia, Vicente Sala Martínez, se produjo «en un clima de crispado enfrentamiento».
El magistrado recuerda que en dicha junta uno de los nietos preguntó a María del Carmen Martínez si era consciente de que en el caso de que no hubiera reparto de dividendos podría estar privando a los nietos de su formación académica, a lo que ésta respondió: «sabéis que he sido y soy madre y abuela y lo seré siempre, como también he sido buena esposa de vuestro padre y abuelo y seré fiel a su pensamiento y voluntad siempre igualmente».
En esta línea, señala que las decisiones adoptadas de la víctima haciendo valer la acción de oro «afectaban directamente al investigado», ya que su esposa fue cesada del consejo, colocando a la víctima «en una situación de control absoluto de las decisiones que había que adoptar en todas las empresas del grupo, incluido el negocio de automoción», que regenta López. María del Carmen Martínez sólo ejerció la acción de oro en la polémica junta en la que estalló el conflicto.
El instructor mantiene que la situación de crisis familiar se fue ahondando en los meses siguientes, hecho que avalarían tanto las declaraciones de los testigos, como los mensajes de WhatsApp enviados por todos los hijos de las tres hermanas perjudicadas, «con especial virulencia en la familia del ahora investigado».
Para el magistrado, a la hora de hablar de móvil económico, «no se trata de establecer que los hechos imputados al investigado obedecieran a una lógica incontestable de riesgo/beneficio que olvide la existencia de frenos sociales y morales a la acción delictiva, sino de si pudieron constituir motivación que subjetivamente moviera a su ejecución, y así se aprecia», recoge el auto.
El juez recuerda que el investigado preparó quedarse a solas con la víctima en un lugar recóndito y oscuro de Novocar la tarde del crimen. Entre estas maniobras recuerda el hecho de citarla a última hora de la tarde para recoger el coche, ubicar el coche dentro del lavadero y enviar a cargar muebles al único empleado que habitualmente estaba allí.
El juez recuerda las matizaciones del que era jefe del taller en esas fechas, Israel Fernández, quien señaló que no estaba seguro de que fuera Miguel López el que cogiera las coches de María del Carmen, pero dio por supuesto que así fue puesto que éste dijo que se iba a encargar personalmente de entregarle el coche. El instructor señala que tras la inspección ocular llevada a cabo en Novocar se comprobó que si bien el lavadero se encuentra abierto respecto a la calle, también lo es que nadie presenció la ejecución del crimen, aunque se pudo apreciar que «se trata de un punto alejado y sin visibilidad respecto a los puestos de trabajo de los empleados presentes esa tarde en la empresa».
El auto rechaza que el investigado usara armas de manera ocasional, tal como sostiene la defensa, y recuerda que la Federación de Tiro Olímpico ha remitido certificados de la participación de Miguel López en opens autonómicos entre 2011 a 2015. En la casa se intervinieron una carabina, una escopeta y una pistola.
«Notorias lagunas»
Entre las «notorias lagunas» e «incongruencias» de la declaración judicial de Miguel López, el magistrado De la Fuente señala que éste no ha sabido dar explicación a sus movimientos en los momentos inmediatamente posteriores al crimen y registrados por las cámaras de seguridad de la finca de los Sala, donde reside. En dichas imágenes se le ve llegando a casa de su cuñada «a un paso rápido o de carrera», mientras que a la salida, cuando ya le han comunicado que han disparado a su suegra, aparece a un paso más tranquilo «sin dar aviso a las hijas de la víctima de los graves hechos comunicados por un empleado».
Tampoco cree el juez que el investigado haya sabido dar respuesta a la injustificada parada en su casa, ubicada en dirección contraria a la salida natural de la finca, y que «pudiera corresponder con el objetivo manifestado en el atestado policial de lavarse y desprenderse de posibles elementos incriminatorios». Para el juez, la explicación a las omisiones de estos actos por parte del investigado durante esos momentos podría estar en «un posible olvido en la preparación de los hechos de la existencia de las cámaras y la conservación de las grabaciones».
