El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, tendrá que trabajar todavía mucho para convencer a gran parte de sus compañeros de viaje para pelear unidos por el desarrollo de una macroárea logística en el entorno metropolitano Alicante-Elche, apoyada en una Zona Franca libre de impuestos en el Puerto de Alicante. Sánchez presentó ayer el informe de Price&Waterhouse en el Marq ante un auditorio en el que hubo ausencias significativas como las del alcalde de Elche, Carlos González, el conseller de Economía, Rafael Climent, la titular de Agricultura, Elena Cebrián (el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, estaba en la feria de turismo de Berlín), los dos responsables con capacidad de decisión del Puerto, su presidente Juan Antonio Gisbert y su director Carlos Eleno, que delegaron en un técnico, el ingeniero Juan Antonio Ferrero.
Del Ayuntamiento de Alicante sí acudió su alcalde, Gabriel Echávarri -se fue antes de las intervenciones de los empresarios-, pero no quiso hacer ninguna declaración pública apuntando que «lo que pienso y tenga que decir lo haré personalmente al presidente César Sánchez». En definitiva, el Puerto y los ayuntamientos de Alicante y Elche apoyan que la provincia tenga una Zona Franca pero no están de acuerdo con el proyecto puesto encima de la mesa por la Diputación. Claro y directo se mostró el alcalde de Elche, Carlos González, al señalar que Elche está harta de aparecer como un convidado de piedra en el asunto. Sánchez habló por teléfono con el primer edil ilicitano y le anunció que se van a crear mesas de trabajo para tratar de desatascar la hoja de ruta.
El regidor ilicitano se mostró especialmente molesto del tratamiento recibido por su municipio en la gestión del proyecto. «No es de recibo, y así se lo he trasladado al presidente de la Diputación por teléfono y por carta esta semana, que nos hayamos enterado del informe casi al mismo tiempo que los asistentes a la reunión. Es tema importante y para nada quiero que se piense que Elche se opone por cuestiones políticas». González señaló que «lo normal es que se nos llame previamente y se trabaje en despachos con técnicos, con documentos, debate... no que nos encontremos, de repente, como sucedió con el informe de Ineca, que habían metido el Parque Industrial sin preguntar cuando nuestra intención es ampliarlo. Me preocupa, además, que no se sepa conectar con la Conselleria de Economía».
Casi un año después de que el presidente de la Diputación, César Sánchez, anunciara a bombo y platillo que un informe del instituto económico Ineca aseguraba que una Zona Franca en el Puerto ayudaría a crear 90.000 puestos de trabajo en diez años en la provincia, el proyecto no termina de arrancar pese a que ayer se puso de largo un informe de más de cien páginas que ahora se quiere consensuar para enviar a Hacienda.
Al Puerto, actor clave, no le gusta cómo se ha planteado desde la Diputación y apela a que antes se busquen inversores, algo en lo que coincide con el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro. El desprecio del Consell es patente al no presentarse ayer, los ayuntamientos de Alicante y Elche lo ven con recelos y la patronal sí que lo apoya en sus líneas generales, pero recordó también como en 1990 también se anunció la iniciativa y casi treinta años después todo sigue igual, como recordó ayer Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara.
El presidente de la Diputación volvió a reclamar, por su parte, el respaldo de toda la provincia, e insistió en que el proyecto «no es de la Diputación sino de todos los alicantinos» y pidió por ello apoyo porque «creo que la Zona Franca será beneficiosa para todos».
Sánchez reveló que el informe plantea cuatro millones de metros cuadrados de suelo y se mostró convencido de que si se consigue la macroárea «en diez años se podrían generar 90.000 puestos de trabajo». También se comprometió a trasladar el estudio al consejo de administración de la Autoridad Portuaria para obtener su respaldo. El informe presentado ayer prevé un movimiento económico de 1.215 millones de euros al año y un ahorro de 6,7 millones de euros en aranceles a las empresas.
Sobre la implicación de la Generalitat, el presidente de la Diputación dijo que espera que se sume pronto al proyecto y, en todo caso, subrayó que la Zona Franca «saldrá adelante si hay consenso en la provincia y el Consell no tendrá más remedio que apoyar lo que la sociedad alicantina quiera. Espero que el Gobierno valenciano sea el gobierno de todos los valencianos y no dé la espalda a lo que quiere, pretende, aspira y sueña la sociedad alicantina», insistió.
Entre las ubicaciones que serían susceptibles de albergar este espacio logístico están el Puerto, como centro neurálgico, así como el entorno de la Institución Ferial Alicantina, la zona de la Porta d'Elx, los polígonos de Las Atalayas-Serreta, el Elche Parque Empresarial y el suelo de la antigua Coca-Cola.
El subdelegado del Gobierno, José Miguel Saval, respaldó la iniciativa, que calificó de «fortaleza extraordinaria».
El concejal de Urbanismo de Elche, José Manuel Sánchez, avanzó que hay «dificultad» para ubicar la Zona Franca en el parque empresarial de Torrellano porque la intención del ayuntamiento ilicitano es seguir dando suelo industrial «de calidad» en el polígono, y ofreció el suelo de Porta d'Elx,.
Por su parte, el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, aconsejó buscar primero los inversores para luego trabajar en el suelo que podrían ocupar, a lo que el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo, replicó que se apuesta por que haya, primero, un respaldo institucional «claro» para facilitar la llegada de empresas.
